El 16 de octubre de 2025, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, bajo la propuesta de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, decidió interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. Este recurso se presenta en contra del Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas por parte de las comunidades autónomas.
Según el mencionado Real Decreto, el Gobierno central ha aprobado una capacidad ordinaria de tutela de 517 menores para la Región de Murcia. Sin embargo, la Comunidad Autónoma considera esta cifra «muy alejada» de su capacidad real, refiriéndose a las plazas disponibles para atender a los menores trasladados.
El Ejecutivo regional sostiene que esta norma estatal vulnera competencias exclusivas de la Comunidad en materia de protección de menores e introduce una fórmula de reparto que no considera las circunstancias reales de Murcia ni los esfuerzos de acogida que ya se han realizado. Además, resalta que el decreto no facilita la financiación adecuada para cubrir los gastos asociados a este reparto.
El 2 de octubre, el Gobierno regional también acordó presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, que regula el reparto de menores migrantes. Este paso se dio tras la admisión de trámite del recurso interpuesto por la Comunidad contra el Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, que introdujo un nuevo marco legal para la redistribución de menores extranjeros no acompañados en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
Con este nuevo recurso, el Gobierno regional busca desafiar una disposición que, a su juicio, se ha tomado sin el consenso de las autonomías, ya que el procedimiento de reubicación y traslado no se acordó en el órgano de cooperación relevante, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. En consecuencia, argumentan que la norma estatal ha establecido unilateralmente los criterios de capacidad de acogida de las comunidades, desatendiendo la realidad de cada sistema autonómico, así como los principios de lealtad institucional y colaboración.
Desde la perspectiva del Gobierno regional, el reparto realizado por el Ejecutivo central ignora el interés superior de los menores, ya que plantea su traslado sin garantías de que los destinos tengan instalaciones adecuadas y recursos humanos y materiales suficientes. En este contexto, destacan que tal decisión se ha tomado «sin habilitar una dotación económica» para proporcionar la atención necesaria a estos menores.
Nuevo modelo regional de acogimiento
El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, afirmó que la Comunidad Autónoma continúa con su «hoja de ruta» para implantar un nuevo modelo de acogimiento de menores tutelados, que busca proveer un entorno «lo más parecido a un hogar» para estos jóvenes. Estas declaraciones se realizaron en el marco de una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, donde se abordó el cierre del centro de menores de Santa Cruz en Murcia.
Ortuño subrayó que este modelo, que ha sido avalado recientemente por el Ministerio de Infancia y Juventud, tiene como objetivo garantizar que los menores continúen recibiendo la misma protección y atención por parte de la Comunidad Autónoma. Aseguró que «la Consejería de Política Social, con los menores bajo su tutela, siempre actúa teniendo en cuenta los derechos, la protección y el bienestar de los menores», una responsabilidad que consideró fundamental.
