El 24 de octubre de 2025, los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma de Murcia iniciaron el estudio del pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto al recurso presentado contra el Real Decreto 35/2023, el cual confirma el régimen de caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Tajo.
El Gobierno de la Región de Murcia ha manifestado su firme oposición, indicando que decidió recurrir «una decisión política del Gobierno de España que no está basada en ningún criterio técnico o científico, y que perjudica gravemente a la Región de Murcia y al Levante español».
Según el Gobierno murciano, «del agua del Trasvase dependen miles de puestos de trabajo en la Región y no es justo condenar a miles de personas al paro por una decisión ideológica que consideramos nunca se ha justificado técnicamente, como es la elevación de los caudales ecológicos en el Tajo».
Además, destacaron que el trasvase Tajo-Segura es «una herramienta eficaz cuya utilidad ha quedado demostrada especialmente en un tiempo de sequía», donde la cabecera del Tajo ha contado con reservas de agua históricas que han garantizado el consumo y el riego en todo el Levante español.
Por todo ello, el Ejecutivo regional considera «aún más injustificable y mucho más injusta» la decisión del Gobierno de España de aplicar una subida de los caudales ecológicos, lo que supondría «el recorte del 50 por ciento del trasvase Tajo-Segura, algo inasumible para nuestros regantes y agricultores».
