MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) – El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este lunes que «no» se considera autor responsable del delito de revelación de secretos que se le atribuye y que habría afectado a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Así se ha pronunciado el jefe del Ministerio Público en el juicio que se celebra en su contra a partir de este lunes en el alto tribunal por supuestamente haber filtrado información relativa a González Amador. Desde el primer minuto, García Ortiz ha seguido el juicio ataviado con su toga y desde los estrados, junto a los abogados del Estado que le defienden.
Al ser preguntado por el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, si «se considera autor responsable de los delitos que se le imputan», el fiscal general ha contestado: «No».
La Sala de lo Penal se retira a deliberar
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha retirado a deliberar sobre las cuestiones previas planteadas en el juicio contra el fiscal general del Estado. El presidente de la Sala, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha convocado a las partes a las 13 horas para retomar la vista oral.
Las acusaciones populares impugnan las cuestiones previas de la defensa
Las acusaciones populares de Fundación Foro Libertad y Alternativa, Manos Limpias y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han impugnado las cuestiones previas formuladas por la abogada del Estado en relación a la vulneración del derecho al principio de igualdad de armas. Aseguran que la incautación de los terminales móviles en el registro del despacho del fiscal general no iba destinado a probar culpabilidad sino a la investigación, añadiendo que «si no hubiera habido un borrado de móvil hubiera constituido una prueba de descargo». Además, tachan de «modélica» la instrucción y critican las «contradicciones» de la defensa.
El ICAM asevera que la abogada de García Ortiz no puede invocar «en vano» el derecho de defensa
El abogado que representa al Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha aseverado que la defensa de García Ortiz ha navegado en sus cuestiones previas «en el terreno de lo abstracto» y ha criticado que invoque «en vano» tanto el derecho de defensa como el derecho a la intimidad del fiscal general del Estado al considerar que se habla de ellos con «una indefinición enorme». «No hay indefensión de ninguna clase ni prospección. El proceso está encaminado por las querellas y perfectamente encaminado», afirma su letrado.
El abogado de González Amador se opone a las cuestiones previas
El abogado Gabriel Ramos, que lleva la defensa de Alberto González Amador, se ha opuesto a las cuestiones previas planteadas por la abogada del Estado y por la teniente fiscal en relación a la impugnación del auto de entrada y registro del despacho de García Ortiz. Recuerda que cuando se dictó dicho auto, el 30 de octubre de 2024, el instructor alzó el secreto de las actuaciones y se facilitaron a las partes las resoluciones de la causa. «Y no variaron sus recursos contra dicho auto. Si uno busca su indefensión ¿Qué tutela pretende?», ha espetado.
La teniente fiscal apoya la petición de anular el registro del despacho
La teniente fiscal del Supremo ha apoyado en sus alegatos previos la petición de la defensa de solicitar la nulidad del auto decretado por el magistrado Ángel Hurtado de entrada y registro del despacho del jefe del Ministerio Público. De igual modo, asegura que «no hubo justificación» de entrar en el despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, ya que su actuación era previa y fue quien remitió correos a García Ortiz. «No se podía hallanar su despacho», ha aseverado recordando que la prueba sale de correos y llamadas de la fiscal jefe.
La defensa denuncia vulneración del principio de igualdad de armas
La abogada del Estado, Consuelo Castro, ha denunciado la vulneración del principio de igualdad de armas respecto a Álvaro García Ortiz al asegurar que todas las diligencias impulsadas por el instructor de la causa estaban encaminadas a probar la culpabilidad de su cliente y no a «buscar pruebas de descargo». Asegura que no se admitieron diligencias «muy relevantes» como una ratificación de los informes de la UCO en los que se basó el magistrado para imputar a su cliente y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
La abogada del Estado solicita excluir el material incautado
La abogada del Estado ha solicitado excluir por «nulo» el material incautado durante el registro del despacho de Álvaro García Ortiz y las diligencias basadas en esta intervención. Al respecto, ha aludido al derecho al entorno digital, que va más allá del derecho al secreto de las comunicaciones, y ha aseverado que la jurisprudencia exige la adopción de medidas que impidan el acceso total a la información y que se fijen salvaguardas para que no se vean comprometidos secretos profesionales.
La Abogacía del Estado solicita la nulidad de actuaciones
La abogada del Estado ha solicitado la nulidad de actuaciones en el juicio contra el fiscal general del Estado, considerando que el auto que decretó el secreto de sumario fue por falta de motivación y era «desproporcionado», sugiriendo una medida menos gravosa como alternativa, lo que causó indefensión sobre García Ortiz. También impugna el auto por el que se ordenó el registro del despacho de su cliente y la vulneración de derechos fundamentales.
La fiscal solicita incorporar documentación sobre ‘dación de cuentas’
La fiscal en el juicio ha solicitado incorporar documentación sobre la ‘dación de cuentas’ de la Fiscalía, mientras que la defensa de García Ortiz ha planteado agregar una serie de ‘tuits’ y un dictamen pericial sobre el borrado del móvil. El abogado de Alberto González Amador pide incorporar dos nuevos documentos como prueba.
García Ortiz niega ser autor del delito que se le atribuye
Álvaro García Ortiz ha negado en el inicio de la vista oral que se celebra ser autor del delito de revelación de secretos del que se le acusa. A la pregunta del presidente de la Sala sobre si es autor del delito, ha respondido rotundamente: «No».
Contexto del juicio
El Tribunal Supremo ha dado inicio al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en relación al caso de supuesto fraude fiscal que afecta a Alberto González Amador. El jefe del Ministerio Público se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer su cargo.
Importancia histórica del juicio
García Ortiz se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados, convirtiéndose en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado. Esta situación marca un precedente en la historia judicial de España y resalta los retos y dilemas que enfrenta la justicia en casos de alto perfil.
