VALLADOLID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) – Once organizaciones políticas, sindicales, ecologistas y sociales han convocado una manifestación el próximo 23 de noviembre en la capital leonesa para protestar por la actuación de la Junta ante los incendios ocurridos este verano en Castilla y León y para exigir «Respeto», lema bajo el que se convoca la protesta.
Representantes de Sumar, IU, CCOO, Podemos, PSOE y STECyL han presentado el manifiesto bajo el que se convoca la protesta a través de esta plataforma, abierta a las organizaciones que se quieran adherir. «Respeto por nuestra tierra, nuestros montes, nuestros pueblos, por nuestra gente», lleva por título el documento que recoge los principales motivos de protesta y reivindicaciones.
Los colectivos recuerdan que en los incendios del verano han fallecido cuatro personas, además el fuego ha causado grandes daños, con la provincia de León como una de las más afectadas, motivo por el que se ha decidido convocar la protesta allí, donde se pretende exigir que «nunca vuelvan a repetirse acontecimientos como los vividos este año».
En el manifiesto se critica el «abandono» del medio rural, considerado «escenario de especulación y de riesgo» en el que se han producido incendios que se «ceban» con las provincias más despobladas, un hecho que no es visto como «casualidad».
Recordando que la Fiscalía ha abierto diligencias contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su actuación ante los incendios, los convocantes de la protesta censuran el «tremendo desastre» de gestión e insisten en el compromiso «que no ha cumplido» el jefe del Ejecutivo autonómico de llevar a cabo un «extenso diálogo» con todos los sectores para mejorar la prevención de incendios en la Comunidad. Además, resaltan que actualmente se ha despedido al 30% de la plantilla de los servicios dedicados a esta tarea.
«La gestión del gobierno del Partido Popular en Castilla y León en estos 38 años no ha servido para resolver los principales problemas de esta tierra, entre ellos el de la despoblación, que afecta gravemente a la conservación de nuestro medio natural», afirman en el documento, indicando que se han perdido 215.000 habitantes, especialmente en León.
Responsabilidad política y la despoblación
La plataforma responsabiliza al PP porque «nunca desde 1987 ha establecido ningún proyecto de equilibrio territorial para Castilla y León que tuviera en cuenta las necesidades de la gente» y considera que la despoblación ha propiciado que la Comunidad se haya convertido «en un espacio para la especulación».
Intereses económicos y su impacto
En este sentido, destacan las movilizaciones contra las macrogranjas y las plantas de biogás, así como la preocupación por la contaminación y la «sospecha» de «connivencia con intereses económicos», ejemplificando con la llamada «trama eólica». Argumentan que los actuales responsables políticos ven en el medio rural una «oportunidad de negocio» y enfatizan que proteger el medio natural también es evitar incendios.
«Lamentamos tener que recordárselo una vez más al señor consejero de medio ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones, quien declaró que mantener el operativo contra incendios durante todo el año era un despilfarro», afirman, añadiendo que «un despilfarro» es tener que indemnizar a las familias que han perdido «sus medios de vida, sus casas y sus esperanzas».
Por eso, esperan que la ciudadanía «reaccione» y haga «pagar» el «desastre» en el que aseguran que tiene sumida la Comunidad el PP en las próximas elecciones. Critican el «breve aunque intenso» paso de la «ultraderecha» por el Gobierno, que a su juicio «dio resultados todavía más desastrosos» para la región y ha intentado que «se pierdan derechos conquistados».
Además, consideran que la «negación» del cambio climático explica parte de la gravedad de los incendios y «es también una contribución que ha aceptado de buen grado el Partido Popular en el gobierno», alegando que es una «realidad» y que «luchar contra esta emergencia debe estar entre las prioridades de cualquier gobierno».
En este contexto, apuntan que perder los montes hace a la población más vulnerable, y contaminar los acuíferos «condena» a la escasez de agua, mientras que «llenar los terrenos de cultivo de huertos solares» provoca dependencia alimentaria.
«Negar la evidencia solo nos hace más estúpidos. El mundo rural es necesario también para quienes viven en las ciudades», señala el manifiesto, añadiendo que «no hay vida sin recursos naturales». Recuerdan que las personas de los pueblos son las que tradicionalmente cuidaban el medio natural, por lo que advierten que la despoblación es un problema que debe abordarse.
Las organizaciones destacan la necesidad de promover el empleo para «arraigar» a las personas al territorio y subrayan la reivindicación de los sindicatos para generar «empleo verde» que combata la despoblación y cuide los bosques. «Para asentar población es imprescindible contar con unos servicios públicos adecuados y las infraestructuras básicas necesarias», añaden.
Exigencias para el futuro
Por ello, exigen un operativo contra los incendios «público» que se mantenga durante todo el año para prevenir los incendios de verano y afirman que la Junta ha «infringido un duro castigo a los habitantes de los núcleos rurales», como lo demuestra la falta de atención médica, la «exclusión financiera», la falta de movilidad, y la ausencia de nuevas tecnologías o de una política de vivienda rural.
«Mientras en los relucientes despachos del gobierno regional se distribuyen por el territorio actividades industriales que dañan el medio ambiente y la vida en los pueblos sin tener en cuenta las necesidades de sus habitantes», señala la plataforma, que exige un «proyecto» para el mundo rural.
Concretamente, exigen un operativo de incendios público durante todo el año con recursos suficientes, ayudas «rápidas y suficientes» para las personas que han perdido su medio de vida o sus propiedades durante los incendios, no solo de este verano, sino también de años anteriores; un plan de vivienda rural que facilite la instalación de nuevas familias en los pueblos; infraestructuras y un plan de movilidad que vaya más allá de subvencionar los billetes del autobús.
Asimismo, reclaman una planificación de las instalaciones energéticas que, en su opinión, proliferan «sin control», junto con una moratoria para las macrogranjas y las plantas de biogás.
Igualmente, piden un plan de instalación de nuevas tecnologías que haga atractiva la vida de los jóvenes en el medio rural, y apoyos para los jóvenes agricultores y ganaderos que faciliten la renovación generacional en el campo.
Por otra parte, reivindican la reapertura de los consultorios médicos cerrados o con reducidas actividades, y un estudio para evitar la exclusión financiera en el medio rural, así como un plan de empleo verde que permita a los habitantes de los pueblos vivir de la naturaleza en sus localidades, además de impulsar una normativa que proteja de la deslocalización a las zonas rurales. También piden el «cese inmediato» del consejero de Medio Ambiente.
«La incompetencia del Partido Popular para resolver todos estos desafíos en el pasado nos indica que ni podrá ni querrá abordarlos en el futuro. Por lo que consideramos que es un buen momento para un cambio de políticas y de prioridades. Las elecciones autonómicas serán la oportunidad para hacer posible este cambio, serán el momento en el que podremos lograr que haya respeto para Castilla y León», concluye el manifiesto.
