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La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, y el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, han solicitado al Gobierno de Canarias medidas «correctoras concretas» para que los ayuntamientos y pequeños propietarios puedan aplicar la nueva Ley de Ordenación Sostenible de Uso Turísticos de Viviendas de Canarias, aprobada recientemente por el Parlamento, el pasado 12 de noviembre.
Esta solicitud se fundamenta en la afirmación de que la norma «genera una enorme inseguridad» jurídica y plantea requisitos «inasumibles» para pequeños propietarios. Además, supone una «sobrecarga insostenible» para los ayuntamientos, que deberán asumir en un plazo de ocho meses labores que «ni el Gobierno autonómico ni los cabildos realizaron en los últimos diez años».
La nueva regulación «obliga» a los ayuntamientos a evaluar y controlar las Viviendas Vacacionales (VV) como actividades clasificadas, una categoría que consideran que «ni encaja en su naturaleza ni ha sido aplicada hasta ahora por falta de claridad normativa». Esta falta de claridad ha generado durante una década una «situación de indefensión» para los propietarios y una «ausencia total» de inspecciones por parte de la administración competente, que antes de esta norma «no eran los ayuntamientos».
Inseguridad Júrídica y Exceso de Carga Administrativa
Onalia Bueno destacó que «no» existe un marco jurídico «claro» que permita aplicar la normativa de actividad clasificada a las VV. Los informes técnicos municipales avalan que las VV «no generan molestias ni riesgos equiparables a hoteles, apartamentos turísticos o establecimientos con instalaciones comunes que justifican su clasificación». En cambio, se argumenta que, en la mayoría de los casos, «son actividades inocuas, semejantes a un arrendamiento temporal».
La alcaldesa también mostró su preocupación porque la ley impone a los municipios planes de comprobación, inspección y control masivos, que deben comenzar a aplicarse en ocho meses. Esto resulta problemático, ya que durante la última década, ni el propio Gobierno canario ni los cabildos han exigido a los propietarios los trámites que hacen que las VV sean consideradas como actividades clasificadas. Esto ha suscitado críticas, pues se considera que convierte a los ayuntamientos «en verdugos» de las VV, dejando a las administraciones locales la resolución final de licencias.
Riesgo Real para los Propietarios
Los pequeños propietarios de VV se enfrentan ahora a un «riesgo real de perder» la licencia si no cumplen con los requisitos complejos derivados de la consideración de las VV como actividad clasificada. Bueno también subrayó la falta de un marco común claro, ya que cada cabildo y cada ayuntamiento podría interpretar la ley «de forma diferente», lo que podría generar situaciones injustas.
La alcaldesa ha solicitado que el Gobierno de Canarias incorpore a la Ley una Disposición Transitoria que «establezca un plazo de seis meses para aprobar un decreto que detalle claramente» los requisitos. También pidió la «suspensión temporal» de la comprobación de actividades clasificadas para las VV que ya estaban dadas de alta antes de la Ley, mientras existan vaguedades sobre su regularización.
Asimismo, presentó dos alternativas: modificar el Decreto 52/2012 para que las VV se definan como actividad no clasificada o inocua, o bien modificar el Reglamento de Actividades Clasificadas para incluir a las VV dentro del Artículo 69: Actividades Exentas, tal como sucede con los hoteles y apartamentos turísticos que requieren autorización previa.
La alcaldesa de Mogán ha advertido que si ninguna de estas propuestas se incorpora, la nueva ley «acabará» con las viviendas vacacionales en Canarias, afectando a miles de familias que complementan sus ingresos con esta actividad, creando inseguridad jurídica y colapsando la gestión municipal, además de beneficiar a las grandes empresas hoteleras.
Finalmente, Bueno indicó que el recurso directo de inconstitucionalidad frente a una norma de este tipo debe interponerse en un plazo de tres meses desde la publicación, y que los únicos legitimados son el presidente del Gobierno, 50 senadores/diputados y el Defensor del Pueblo.
