PALMA, 20 (EUROPA PRESS)
El informe ‘Abandono y violencia institucional hacia las personas migrantes: Un análisis territorial de vulneración de derechos’, elaborado por las organizaciones Irídia y Novact, alerta de «serias violaciones» del derecho al asilo de los migrantes que llegan en patera a Baleares.
Dos de sus autores, Úrsula Ruiz y Clara Calderó, junto con la abogada experta en extranjería Lola Puertas, han presentado el estudio en una rueda de prensa celebrada la mañana de este jueves en el Casal d’Associacions d’Inmigrants i ONGD de Palma. Esto ocurre en un contexto donde cerca del 70% de los migrantes arribados al archipiélago en los últimos años provienen de países subsaharianos, muchos de ellos con alto reconocimiento de protección internacional.
Un ejemplo son los nacionales de Somalia, cada vez más numerosos entre los llegados en patera a Baleares, que tienen una tasa de reconocimiento de asilo del 98%. «Nos preocupa porque eso requiere que la administración despliegue más recursos para dar respuesta», ha indicado Ruiz, referente de políticas migratorias y fronteras de Irídia.
Violaciones del derecho a solicitar asilo
Estas «serias violaciones» del derecho a solicitar asilo se observan principalmente entre las personas que se encuentran en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), ubicado en el antiguo cuartel de Son Tous en Mallorca. Ahí, los migrantes retenidos son filiados por agentes de la Policía Nacional para iniciar un expediente de devolución, un procedimiento para el cual tienen derecho a un abogado pero que muchas veces se realiza «de manera grupal». Un mismo letrado puede llegar a asistir a ocho personas a la vez.
Estas personas, según los expertos, no reciben la información necesaria para expresar su intención de reclamar protección internacional. La investigación ha revelado que se realizan entrevistas de cinco minutos de duración, «a la intemperie y sin privacidad», a pesar de que existe un módulo específico para ello en Son Tous.
También se han detectado «deficiencias» en los servicios de traducción presencial, que se realizan en inglés, francés y, en ocasiones, en árabe; mientras que el resto de idiomas se traducen por vía telefónica. Los investigadores han encontrado casos de «mala praxis» de traductores que habrían comprometido la privacidad de las personas entrevistadas.
Según datos del Ministerio del Interior recogidos en el documento, en el CATE de Son Tous no se ha tramitado ninguna manifestación de necesidad de protección internacional, lo que demuestra «una grave deficiencia tanto en el acceso a información como en el procedimiento».
«Faltan medios para hacer una intervención adecuada, faltan espacios para realizar entrevistas y falta tiempo. Uno de los problemas más graves es la falta de intérpretes; cuando hay llegadas masivas y tenemos que asistir a numerosas embarcaciones no tenemos recursos», ha explicado Puertas.
Esto dificulta «en gran manera» la posibilidad de detectar perfiles vulnerables; tanto es así, ha asegurado, que nadie ha salido del CATE de Son Tous con una cita para solicitar asilo. De hecho, ha puntualizado, muchas veces a ella y a sus compañeros no les queda más remedio que escribir un documento a mano en el que exponen los motivos por los que consideran que su representado podría ser un potencial solicitante de asilo, lo que se sitúa «fuera del procedimiento formal».
El colectivo de abogados ya ha puesto de relieve estas dificultades en reiteradas ocasiones y ha solicitado habilitar medios para que los potenciales solicitantes de protección internacional puedan manifestarlo en el propio CATE. «Tendríamos que adoptar el modelo canario, que ya facilita la posibilidad de manifestar esa voluntad de solicitar protección y en ese momento se le asigna la cita para la entrevista, que es el inicio del procedimiento. Es una demanda que estamos peleando», ha añadido.
Condiciones inadecuadas en el CATE
Calderó, responsable de proyectos de migraciones de Novact, ha desgranado otras de las supuestas violaciones de derechos que padecen las personas migrantes durante su «detención» en el CATE de Son Tous. Las instalaciones del antiguo cuartel tienen «naturaleza de calabozo». «Son celdas con barrotes y colchonetas en el suelo; tampoco cuentan con servicio de duchas en funcionamiento», ha afirmado basándose en imágenes y testimonios a los que ha accedido.
El informe indica, citando fuentes internas del CATE, que el espacio cuenta con 15 celdas con capacidad para diez personas cada una, sin espacios diferenciados según el género. Además, tampoco hay instalaciones adecuadas para la atención de menores de edad, familias o personas con necesidades específicas, como aquellas que podrían haber sido víctimas de violencia de género, sexual o trata de seres humanos.
Son condiciones que no cumplen con los estándares internacionales ni las indicaciones del Defensor del Pueblo y que, además, reflejan la «cuestionable» práctica de privar de libertad de forma sistemática a personas recién llegadas que no han cometido delito alguno.
Prácticas vejatorias y falta de atención médica
La investigación también ha identificado otras deficiencias en el proceso de atención a las personas migrantes que llegan en patera hasta Baleares. Desde el mismo momento del rescate y el desembarco en tierra, predomina un «enfoque policial» que, según han podido documentar, incluye «prácticas vejatorias o contra la integridad moral». Un ejemplo es que los agentes de la Guardia Civil, por falta de acceso a otros medios de control, escriben en la piel de los migrantes un número de identificación.
Además, no existen protocolos de colaboración entre los actores implicados, lo que provoca que, en muchas ocasiones, la atención médica y sanitaria no esté garantizada ni en el desembarco ni tras su llegada al CATE. Esta función es responsabilidad de la Cruz Roja, subcontratada por el Gobierno, pero en la práctica no se asegura la presencia de personal médico especializado.
«Mayoritariamente lo realizan voluntarios, como pasa en otros puntos de España, y el hecho de que haya o no médicos o enfermeros depende de que esté disponible una persona voluntaria con esa profesión», ha aseverado. Los recursos, tanto humanos como materiales, de los que dispone la entidad para detectar potenciales vulnerabilidades entre los migrantes también son «insuficientes».
