PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) – Un estudio elaborado en torno a los bienes inmatriculados por la Iglesia en Navarra ha revelado que se podría reclamar la titularidad comunal o pública de 79 de los 174 bienes analizados. Esta información fue presentada por el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, y el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), Xabier Alcuaz, a medio centenar de entidades locales y representantes de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
Además, el Gobierno de Navarra y la FNMC han decidido renovar para el año 2026 el convenio firmado para investigar los bienes comunales inmatriculados por la Iglesia católica en la comunidad foral, amparándose en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. El objetivo es “documentar y acreditar suficientemente el origen de su titularidad pública ante una posible demanda de reversión”.
Así, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la FNMC han propuesto dar continuidad a una investigación historiográfica y documental que durante este año ha permitido estudiar un total de 174 bienes pertenecientes a 26 entidades locales.
De estos bienes, la FNMC, en colaboración con la sección de Comunales de la Dirección General de Agricultura del Ejecutivo y el apoyo técnico catastral de la sociedad pública INTIA, ha identificado 79 propiedades -incluyendo ermitas, casas parroquiales, bordas, huertos y terrenos- que podrían justificar y reclamar su titularidad comunal o pública.
De acuerdo con la investigación realizada en archivos municipales sobre la trayectoria histórica de estos bienes, se han recabado pruebas para acreditar la titularidad pública en 21 casos, mientras que en los 58 restantes se han encontrado indicios históricos.
En su intervención, Aierdi destacó la “especial significación” de esta iniciativa, tras más de 20 años de reivindicación de determinados bienes inmatriculados por la Iglesia. “Se trata de una primera acción política de un gobierno autonómico que emprende de manera efectiva y por medio de un convenio para abrir un camino en este sentido”, agregó, enfatizando que buscan revertir la injusticia en la inmatriculación de bienes perdidos por los pueblos.
Asimismo, el consejero afirmó que “no vamos a esperar a tener toda la información disponible para plantear una demanda”, resaltando la necesidad de valorar elementos que permitan realizar una acción judicial en el corto plazo.
Por su parte, Alcuaz trasladó a los asistentes que, desde hace años, muchos ayuntamientos y concejos han expresado dudas sobre la titularidad de ermitas y terrenos que siempre consideraron públicos, pero que aparecen inscritos a nombre de la Iglesia. “Esta inquietud, ligada a la defensa del comunal y la identidad de nuestros pueblos, nos ha llevado a impulsar una investigación técnica, rigurosa y bien fundamentada”, comentó.
CONTEXTO DEL ESTUDIO
La gestión, conservación o recuperación de los bienes comunales es competencia municipal, por lo que el Gobierno y la FNMC han promovido la adhesión de 139 localidades al convenio que regula esta investigación. Cada entidad local adherida recibirá un informe individualizado que recoge “de forma detallada” las conclusiones sobre sus bienes.
Estos informes se enviarán a los ayuntamiento o concejos para facilitar la toma de decisiones y los pasos a seguir. Las entidades que aún no se han incorporado al convenio pueden hacerlo y, a partir de ahora, podrán ejercer acciones judiciales para reclamar la recuperación de bienes que puedan acreditar como de titularidad comunal o pública.
SUBVENCIÓN DE 50.000 EUROS ANUALES
El convenio entre el Gobierno de Navarra y la FNMC ha contado este año con una subvención de 50.000 euros del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, cantidad que se renovará en el presupuesto para el año 2026.
El desarrollo del convenio implica que la FNMC se encargará de investigar los bienes inmatriculados en las entidades locales adheridas y compilará documentación sobre su trayectoria histórica, mientras que la sección de Comunales del Ejecutivo realizará un análisis y actualización catastral georreferenciada de estos activos. Una comisión de seguimiento planificará y establecerá criterios para priorizar actuaciones.
En la legislatura pasada, el Departamento de Justicia recopiló un primer listado de 2.952 notas simples registradas por la Iglesia católica desde principios del siglo XX. Esta iniciativa ha permitido identificar e investigar 174 bienes en 26 localidades, aunque la mitad de ellos se descartaron por ser de uso privado.
