Cáceres, 25 Nov. (EUROPA PRESS) – La sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un hombre y a una mujer como autores de siete delitos de trata de seres humanos para fines de explotación sexual. Los delitos se llevaban a cabo en un piso situado en el barrio de Nuevo Cáceres, donde obligaban a prostituirse a siete mujeres de origen colombiano. Por cada uno de estos delitos, se les condena a una pena de seis años de prisión, aunque estas penas tendrán un límite máximo de 18 años.
Asimismo, se les impone la pena de prohibición de comunicarse con las siete testigos protegidas y de aproximarse a menos de 200 metros de ellas, de su domicilio, lugar de trabajo, estudio, o cualquier otro lugar en que se encuentren, por un periodo de 10 años.
Además, se dispone imponerles una medida de seguridad de libertad vigilada, que se ejecutará tras el cumplimiento de las penas privativas de libertad, durante 5 años, con el contenido que se determine en ejecución de sentencia.
Los condenados también son responsables de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con ánimo de lucro, a la pena de diez meses de multa, con cuota diaria de seis euros, generando responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. En concepto de responsabilidad civil, deberán indemnizar conjunta y solidariamente a cinco mujeres con 8.000 euros cada una, y a 3.000 euros para otras dos víctimas.
La sentencia indica que la acusada, originaria de Colombia, fijó su residencia en Cáceres en 2023, donde mantenía una relación de pareja con el otro acusado. Desde entonces, ambos se dedicaron a contactar con mujeres en situación de vulnerabilidad en Colombia, especialmente de la localidad de San Gil, para que viajaran a España con la promesa de obtener beneficios económicos a través de la prostitución.
Cuando las mujeres aceptaban la oferta, los acusados se encargaban de retirar y pagar los billetes de avión, además de proporcionarles dinero en efectivo a través de terceros en Colombia, para cruzar la frontera española y justificar medios de vida suficientes una vez en el país. Sin embargo, estas cantidades debían ser devueltas a los acusados inmediatamente tras pasar los controles fronterizos.
LAS HACÍAN PASAR POR TURISTAS
Las mujeres eran instruidas sobre lo que debían decir a las autoridades españolas, y se les exigía borrar de sus teléfonos móviles las conversaciones con los acusados, así como eliminar cualquier número en su lista de contactos con el prefijo de España, todo ello con la intención de eludir los controles policiales haciéndose pasar por turistas, cuando realmente no era esa su finalidad, infringiendo la normativa vigente.
Una vez lograban cruzar los controles fronterizos, eran recogidas en el aeropuerto por los acusados, quienes se aseguraban de que devolviesen el dinero recibido antes de ser trasladadas a Cáceres, donde se alojaban en un piso alquilado en el barrio mencionado.
En el piso, las mujeres eran sometidas a una sesión fotográfica en la que posaban de manera sensual con poca ropa. Estas fotografías acompañaban textos redactados por los acusados, en los que las mujeres ofrecían sus servicios sexuales, los cuales eran publicados en Internet para atraer clientes para la prostitución.
Según la sentencia, las jóvenes, todas con edades entre los 20 y 30 años, eran conscientes de que venían a España para prostituirse, aunque desconocían las condiciones concretas en las que lo harían, más allá de la promesa de ganar mucho dinero.
Además, debían estar disponibles al menos seis días a la semana durante las 24 horas, y si realizaban algún servicio durante su día de descanso, debían abonar a los acusados el porcentaje convenido. Los precios de los servicios oscilaban entre 100 euros por hora y 50 euros por media hora.
El caso se destapó gracias a las investigaciones de la Policía Nacional, que vigiló el piso durante varios meses, así como los viajes de los acusados al aeropuerto de Madrid, coincidiendo con los vuelos provenientes de Colombia.
La sentencia no es firme y contra ella se puede interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dentro de los diez días siguientes a la notificación.
