PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) – La Abogacía de Baleares ha tomado la decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo ante un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria. Este recurso se presenta en respuesta a la resolución que acuerda el traslado y la reubicación de un menor extranjero no acompañado hacia Baleares.
Esa decisión fue adoptada en el Consell de Govern del pasado viernes, así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior. Este recurso es el tercero que la Abogacía interponen contra propuestas de traslado de menores no acompañados a Baleares, y hasta el momento, no ha llegado ninguno de los tres menores implicados.
El recurso se presenta específicamente contra la resolución del 4 de diciembre de 2025 emitida por el delegado del Gobierno en Canarias, que ordena el traslado y la reubicación del menor extranjero no acompañado en las Islas. Esta resolución estipula que los servicios de protección de la Comunidad Autónoma asuman la tutela y custodia del menor, en base al Real Decreto Ley 2/2025 y el Real Decreto 658/2025, que tratan sobre la gestión de situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
Es importante recordar que la Abogacía de Baleares ya ha impugnado ambas normativas con la autorización del Consell de Govern. Desde su perspectiva, la resolución del delegado del Gobierno «no motiva adecuadamente» la desestimación de las argumentaciones presentadas por la Comunidad Autónoma durante el periodo de audiencia.
Además, la Abogacía advierte sobre la «vulneración» del procedimiento establecido para el traslado y reubicación de menores, destacando especialmente la ausencia de un acuerdo previo por parte de la conferencia sectorial correspondiente.
La resolución también «no toma en cuenta» el nivel de ocupación de los centros de atención especializada a menores extranjeros no acompañados en el archipiélago, así como la situación de emergencia migratoria que ha sido declarada en varias ocasiones por el Govern, que afecta gravemente a la Comunidad Autónoma.
Hasta la fecha, el sistema de protección y tutela de Baleares atiende a un total de 745 menores extranjeros no acompañados, una cifra que el Ejecutivo considera «muy superior» a la capacidad ordinaria asignada para tal fin. A este respecto, el Govern ha señalado las «deficiencias» presentes en el Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de cada comunidad autónoma, señalando que a Baleares le corresponde una capacidad de tan solo 406 menores.
Desde la Abogacía se afirma que esta asignación se basa en criterios «insuficientemente justificados», y que su aplicación es «opaca y arbitraria», generando así «desequilibrios territoriales» y vulnerando el principio constitucional de solidaridad interterritorial.
Reparto de Fondos de Estado
En otro aspecto relevante, el Consell de Govern ha autorizado la distribución de los créditos estatales destinados a financiar la atención a menores migrantes no acompañados entre los cuatro consells insulares. Esta distribución se realizará a través de convenios firmados entre el Govern y cada uno de los consells.
El crédito proviene de las transferencias del Ministerio de Juventud e Infancia, que ha asignado un total de 100 millones de euros para todos los territorios de España con el fin de cubrir los costes derivados de la sobreocupación y la atención a menores. Dentro de esta cantidad, 4,6 millones de euros están destinados específicamente a Baleares.
Además, se agregan 35 millones de euros que se distribuirán en las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, en reconocimiento a su condición de «territorios afectados por una mayor presión migratoria», dada su ubicación estratégica como punto de acceso principal a las rutas migratorias hacia Europa.
De acuerdo a este criterio, Baleares recibirá un total de 3,2 millones de euros, lo que suma una cantidad total de 7,8 millones de euros que serán distribuidos entre los consells, considerando la acogida y la sobreocupación de sus respectivos servicios de atención al menor.
Los fondos serán destinados de la siguiente manera: 3,1 millones de euros para el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 3,8 millones de euros para el Consell de Formentera, 728.000 euros para el de Ibiza, y 886.000 euros para el Consell Insular de Menorca.
El portavoz del Govern ha insistido en que la aportación estatal es «totalmente insuficiente» para enfrentar los actuales costos generados por la sobreocupación que enfrentan los servicios de menores de los consells.
