Apoyo unánime al plan +Provincia de la DPZ – ARÁNZAZU NAVARRO
ZARAGOZA 19 Dic. (EUROPA PRESS) – El pleno de la Diputación de Zaragoza ha aprobado este viernes, por unanimidad, el plan +Provincia, la mayor línea de ayudas en la historia de la institución y de los municipios zaragozanos, dotada con 123 millones de euros que irán destinados a llevar a cabo 725 actuaciones con las que mejorar los servicios básicos de los municipios de la provincia y hacer frente así al fenómeno de la despoblación.
Se ha calificado como un «premio de la lotería» para los municipios, aunque varias localidades han quedado excluidas por diferentes motivos. Entre ellas, Añón de Moncayo, Biel, La Muela, La Puebla de Alfindén, Uncastillo, Velilla de Ebro, La Vilueña y Valtorres. Esta exclusión ha llevado a la mayoría de los grupos a solicitar a la DPZ que estudie una fórmula dentro de la legalidad para que estos municipios puedan acceder a los fondos a los que optaban, los cuales no serán redistribuidos, sino que quedarán como remanente.
Más de la mitad de los fondos del plan +Provincia, 66,4 millones de euros, se destinarán a financiar 357 actuaciones de pavimentación de calles o de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, tres tipos de obras que suelen acometerse simultáneamente.
El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha elogiado el trabajo «titánico» de los técnicos de la institución para aprobar este plan, recordando que supone «la mayor línea de subvenciones aprobada nunca hasta ahora por la DPZ», y cuyo propósito es luchar contra la despoblación.
En ese sentido, los ayuntamientos recibirán ayudas por importe de más de 18,5 millones de euros para ejecutar 125 actuaciones encaminadas a construir o rehabilitar viviendas públicas que atraigan a nuevos pobladores. Aunque también se han atendido peticiones para promover viviendas nuevas, la mayoría de las solicitudes son para rehabilitar o comprar viviendas ya existentes. Esta cifra, según ha destacado Sánchez Quero, «duplica la cantidad que el Gobierno de Aragón pone a disposición de los ayuntamientos para rehabilitación y construcción de vivienda».
Además, el plan +Provincia incluye 75 actuaciones de mejora en parques y jardines que suman 11,2 millones de euros; 43 actuaciones para arreglar los accesos a núcleos de población por valor de 8,1 millones; y 9 actuaciones de urbanización de calles, polígonos y sectores urbanizables que suman 4,1 millones de euros.
Sánchez Quero ha manifestado que esta iniciativa «tendrá un efecto muy importante en el empleo rural y en la prestación de los servicios que requieren los vecinos». También se contemplan 28 actuaciones para ampliar o mejorar cementerios y para construir salas de duelo por valor de 2,6 millones; 19 actuaciones para regular el tráfico y el estacionamiento, fundamentalmente nuevos aparcamientos, que suman 2,2 millones; 27 actuaciones de renovación del alumbrado público por valor de 2,1 millones; 15 actuaciones para mejorar la limpieza viaria, en su mayoría mediante la compra de maquinaria, que suman 1,4 millones; y numerosas actuaciones en otros servicios básicos municipales como la seguridad y el orden público, la recogida, gestión y tratamiento de residuos, la protección civil, o la prevención y extinción de incendios.
TRAMOS
Los fondos del Plan +Provincia se han distribuido por tramos de población, beneficiando especialmente a los pequeños y medianos municipios, que son los que más dificultades tienen para prestar servicios dignos. Las subvenciones concedidas oscilan entre los 240.000 euros que recibirán los municipios de hasta 150 habitantes y los 2,5 millones de euros que corresponderán a Calatayud y Ejea de los Caballeros por tener más de 16.000 habitantes.
Con la cuantía que les corresponde según su población, cada ayuntamiento podrá pedir hasta tres actuaciones diferentes según sus necesidades y prioridades. El plan +Provincia, de carácter plurianual (2025/2026), anticipa el 90% de los fondos este año, mientras que el 10% restante se transferirá una vez finalizadas y certificadas las actuaciones.
Tras su aprobación, la DPZ ingresará a los ayuntamientos 111 millones de euros y transferirá otros 12 millones el próximo año, tras la liquidación de las obras, facilitando así a los ayuntamientos la puesta en marcha de sus proyectos.
Así, los ayuntamientos llevarán a cabo proyectos como la urbanización del vial A del polígono industrial San Antonio de Calatayud (1,4 millones de euros); el acondicionamiento y la urbanización de diferentes calles y accesos exteriores a edificios municipales en Ejea de los Caballeros (846.000 euros); y la realización de mejoras en la comisaría de la Policía Local, así como la instalación de un sistema de videovigilancia en puntos estratégicos de Tarazona (715.000 euros), entre otros ejemplos.
LOS EXCLUIDOS
La situación de los municipios excluidos ha sido tema central del debate en el pleno extraordinario, donde los grupos solicitaron al equipo de gobierno que analice los motivos de su no inclusión y explore una vía legal para otorgarles acceso a las ayudas. La portavoz del PP, Mari Carmen Lázaro, celebró la iniciativa, pero lamentó la «falta de planificación y previsión» en la convocatoria, pidiendo que se flexibilicen los plazos de inicio y justificación de las actuaciones. «Los alcaldes ya expresan su preocupación porque las diferentes convocatorias vienen desiertas y hay falta de empresas», advirtió.
Además, Lázaro señaló que ni Pedrola ni Villanueva de Huerva aparecían como solicitantes, lo que interpretó como un posible error. Por su parte, el portavoz de Vox, Carlos Rodrigo, justificó el apoyo de su grupo al plan calificándolo de «bueno y útil», aunque también subrayó «situaciones injustas» que llevaron a varios municipios a ser excluidos «no por su mala gestión, sino por circunstancias ajenas a su voluntad». Ejemplificó con el caso de La Puebla de Alfindén y La Muela.
En cuanto a la portavoz de En Común-IU, Nerea Marín, destacó la importancia de adoptar criterios objetivos de justicia territorial en el reparto de ayudas para los municipios y subrayó que «no todos los municipios parten del mismo lugar» y «hay que destinar más recursos donde más falta hacen».
NORMAS CLARAS
Marín reiteró que «donde gobierna la izquierda, se nota en la calidad de vida de la gente» y que el objetivo debe ser que «nadie se quede atrás». El diputado de CHA, José Manuel Latorre, subrayó que con este plan, la DPZ está «haciendo historia», aunque reconoció que su llegada en verano fue un «momento complejo» para los pueblos, que carecen del personal necesario. Ha solicitado una reflexión sobre el «drama» de los municipios excluidos, compartiendo anécdotas de alcaldesas que lloraron en su despacho.
Finalmente, Sánchez Quero defendió que los excluidos «no lo son por culpa de la DPZ», afirmando que «las normas están claras». Sin embargo, se comprometió a estudiar lo sucedido y a solicitar un informe para evaluar las posibilidades legales de establecer un plan o impulsar otra iniciativa que beneficie a los ayuntamientos que quedaron fuera.
