Valencia, 20 Dic. (EUROPA PRESS) – Una manifestación ha recorrido este sábado las calles del centro de la ciudad de Valencia con la finalidad de reclamar «un derecho como es la vivienda digna», denunciar la «inacción política» de los gobiernos –estatal, autonómico y local– e intentar prorrogar el Escudo Social que finaliza el 31 de diciembre. Si no se prorroga, se iniciará la preocupante cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado, 5.000 en la Comunitat Valenciana y casi 900 en la ciudad de Valencia.
Así lo ha aseverado el portavoz de Juntes per l’Habitatge, Pablo Ramos, quien ha participado en la marcha bajo el lema ‘Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!’, que comenzó en la Plaza de San Agustín y concluyó en la Plaza de la Virgen.
Durante la manifestación, organizada por Juntes per l’Habitatge, ‘Valencia no està en venda’ y ‘Acord Social Valencià’, se escucharon consignas como ‘Ni casa sin gente, ni gente sin casa’, ‘Basta ya, ningún desahucio más’, ‘Hay niños en la calle y no le importa a nadie’, ‘Valencia no se vende’ o ‘Vergüenza me daría desahuciar a una familia’, entre otros.
Pablo Ramos ha subrayado que el precio de la vivienda en Valencia es «impagable e inasumible», al mismo tiempo que ha denunciado que los desahucios son una problemática que ha ido en aumento. «Estamos ante un gran peligro: que el Escudo Social termine siendo una bomba social», ha advertido.
Asimismo, ha avanzado que las manifestaciones serán constantes hasta que se «consiga algún acercamiento» con las administraciones. Sin embargo, ha señalado que se han reunido «varias veces» con el Ejecutivo autonómico, pero «todas las propuestas han sido rechazadas» con un «no contundente». Por otra parte, ha remarcado que el consistorio «se ha negado» a recibirles y ha insistido en que «estaremos en las calles hasta que las medidas oportunas se cumplan».
Gobierne quien gobierne
El portavoz ha hecho hincapié en que la problemática de la vivienda es «estatal» y ha lamentado que permanece «gobierne quien gobierne». «La vivienda se está dejando en un plano secundario», ha añadido. También ha señalado que habrá «más manifestaciones» e instado a las administraciones a «trabajar conjuntamente», ya que «prácticamente, no existe ese trabajo».
«El derecho a la vivienda no es una aspiración, sino un derecho. Por ello, es necesario que todas las administraciones, sin excepción ni excusas, asuman su responsabilidad directa e implementen, de forma inmediata y de acuerdo con los movimientos sociales, vecinales y sindicales, los instrumentos necesarios para su garantía. La sociedad exige hechos y los necesitamos ahora», ha sentenciado.
Gravísima y dramática situación
Al final de la marcha, se leyó un manifiesto en la Plaza de la Virgen en el que se consideró «gravísima» la situación que impide el acceso a la vivienda. En este contexto, se «han puesto encima de la mesa» las «responsabilidades» de todas las administraciones –locales, autonómicas y estatales– y partidos políticos, demandando un Plan de Choque con medidas «necesarias, concretas y consensuadas» con los movimientos sociales, vecinales y sindicales para «atacar el problema de raíz y avanzar en un derecho que debería ser indiscutible».
«Exigimos la urgentísima prórroga y mejora del Escudo Social que finaliza el 31 de diciembre y que, si no se prorroga y mejora, supondrá que a partir del 1 de enero de 2026 se inicie la aterradora cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado», han advertido.
También han calificado la situación de «dramática», ya que «los desahucios se mantienen» y han resaltado que los precios de los alquileres son cada vez más inaccesibles. «Las viviendas y el territorio se utilizan como un bien de mercado totalmente sometido a la especulación; se expulsa a la gente de sus barrios mientras estos se llenan de apartamentos turísticos sin aplicar ningún control real; el acoso inmobiliario es cada vez más intenso y seguimos sin un parque público de viviendas suficiente», han lamentado.
Han insistido en que «la vivienda es un derecho social, pero es, ante todo, un derecho de la ciudadanía, de pertenencia a un pueblo, a una comunidad». Vivir sin acceso a la vivienda o con la constante amenaza de perderlo implica privar de derechos a las personas. «Sin vivienda, no hay igualdad de oportunidades», han subrayado.
El manifiesto concluyó con una afirmación contundente: «Cada vivienda vacía en manos de fondos especulativos mientras miles de familias sufren angustia es un fracaso colectivo que no podemos normalizar. La vivienda no tiene que ser un privilegio al alcance de unos pocos, sino la base de una vida digna para todos y todas».
