Canarias ha cumplido con el plazo establecido por la Ley Orgánica 1/2025 en lo que respecta a la eficiencia judicial, con la transformación del Servicio Público de Justicia. La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, bajo la dirección de Nieves Lady Barreto, ha logrado completar este proceso en el tiempo estipulado. El 31 de diciembre se pusieron en marcha los tribunales de instancia en varios partidos judiciales, incluyendo Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, sumando un total de 179 órganos judiciales, incluyendo 152 juzgados unipersonales, las Audiencias Provinciales y el Tribunal Superior de Justicia. Actualmente, todos estos órganos judiciales están funcionando con normalidad, salvo algunas pequeñas incidencias relacionadas con la adaptación a la nueva estructura.
Complejidad y coste de la transformación
“Ha sido un proceso complejo que las Comunidades Autónomas teníamos que completar en tan solo un año y asumiendo, además, el coste económico con nuestros propios recursos. En el caso de Canarias, este coste ha superado los 13 millones de euros, con la dificultad añadida de que la ley entró en vigor en enero de 2025, cuando los presupuestos autonómicos ya estaban aprobados”, explica la consejera. Esta transformación se ha desarrollado en tres fases y siempre ha estado dentro del plazo límite impuesto por la ley. “Ha sido fundamental la labor de la Viceconsejería de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de la Fiscalía, de los órganos de gobierno de los Letrados de la Administración de Justicia, así como de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, y por supuesto, la colaboración de todo el personal de la Administración de Justicia”, añade.
Fases de implantación y cifras clave
En total, 220 juzgados unipersonales se han transformado en 19 tribunales de instancia, y 69 juzgados de paz han sido reconvertidos como oficinas municipales de justicia. En términos de personal, más de 2.400 funcionarios están implicados en este proceso de transformación.
La primera fase de implantación de los tribunales de instancia comenzó el 1 de julio y afectó a 25 juzgados, que se transformaron en nueve tribunales de instancia, además de nueve registros civiles y 34 juzgados de paz que se convirtieron en oficinas judiciales municipales, con un total de 277 funcionarios involucrados.
El 1 de octubre se activó la segunda fase, que incluyó a 43 juzgados, cuatro registros civiles, once juzgados de paz y 490 funcionarios afectados.
La tercera y última fase se implementó el pasado 31 de diciembre, afectando a un total de 1.675 funcionarios, incluidos magistrados y Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), quienes desempeñan su labor en tribunales de instancia, oficinas de justicia municipal y registros civiles. Todo el proceso ha requerido la negociación de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) en la mesa sectorial correspondiente, liderada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
