La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha manifestado su compromiso de trabajar para que la futura Política Agraria Común (PAC) reconozca los sobrecostes estructurales asociados a la insularidad, ante el riesgo de que las explotaciones de Baleares pierdan competitividad.

Los detalles fueron compartidos por el conseller Joan Simonet y el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, durante una reunión que se llevó a cabo este jueves con el sector agrario del archipiélago. En el encuentro, se discutió la propuesta de la nueva PAC presentada por la Comisión Europea en julio, que incluye el marco financiero plurianual 2028-2034 y los borradores de los reglamentos que formarán parte de la futura PAC.
Uno de los temas centrales de la reunión fue la explicación de las claves de negociación para Baleares. Fernández destacó que el objetivo del Govern es abordar simultáneamente las modificaciones necesarias de los reglamentos europeos, los aspectos a discutir a nivel estatal y la necesidad de reconocer los sobrecostes estructurales derivados de la condición insular.
Se enfatizó la importancia de mantener un reconocimiento específico para las regiones insulares en el nuevo modelo de ayudas, así como defender importes diferenciados en la ayuda decreciente por hectárea y las ayudas asociadas. También se destacó la relevancia del pago compensatorio por zonas con limitaciones naturales para actuar como un complemento a la ayuda básica, y la necesidad de revisar el sistema actual de distribución presupuestaria heredado del Fedaer.
Simonet subrayó que «la insularidad no es un privilegio, es una dificultad objetiva que debe reconocerse en la política europea». Advirtió que sin considerar estas realidades, muchas explotaciones podrían perder competitividad.
El director general recordó que la Conselleria ha tenido un papel activo en las reuniones del grupo de trabajo específico creado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las comunidades autónomas, que se ha reunido cinco veces desde septiembre. Próximamente, se llevarán a cabo primeros contactos bilaterales entre el Ministerio y la Conselleria para abordar otros asuntos importantes relacionados con la realidad insular y la metodología de trabajo en esta nueva etapa.
Un cambio profundo
La reunión tuvo un carácter explicativo, con el objetivo de compartir el estado actual de la propuesta, aclarar dudas y sentar las bases para un proceso de trabajo progresivo con el sector agrario balear, de cara a la negociación de la futura PAC. Esta propuesta, que se ha discutido, ha generado movilizaciones como la que tuvo lugar en Bruselas el pasado 18 de diciembre.
Durante el encuentro, la Conselleria expuso de manera detallada el marco de partida de la propuesta europea y los principales cambios estructurales que plantea la Comisión, analizando cada uno de los reglamentos propuestos. La futura PAC se enmarca en una refundación de la gobernanza financiera de la Unión Europea, que implica concentración de fondos y programas, y la desaparición de la estructura tradicional de dos pilares, integrándose los actuales fondos agrarios en un nuevo fondo europeo de cohesión y seguridad sostenibles.
Simonet indicó que «nos encontramos ante un cambio profundo en la forma de concebir y gestionar la política agraria europea, con un presupuesto más concentrado y con una PAC que pierde visibilidad como política autónoma», lo que obliga a las regiones a estar muy involucradas desde el inicio del proceso. Para regiones con realidades agrarias y territoriales específicas como Baleares, es fundamental comprender el nuevo marco para poder defender sus intereses.
A pesar de que la PAC mantendrá un volumen presupuestario relevante, se prevé una reducción de fondos de más del 22% en términos corrientes, mientras que aumentan las exigencias vinculadas a la renta, medio ambiente, clima y cohesión territorial. La PAC se articulará a través de planes nacionales y regionales de asociación, introduciendo nuevos retos en términos de gobernanza y reparto competencial.
Fernández enfatizó que «la propuesta es compleja y dispersa», y una de las principales dificultades será seguir el rastro del presupuesto agrario y entender quién toma las decisiones clave. Subrayó la necesidad de que el sector conozca la lógica de la propuesta para avanzar en una posición compartida.
Se detallaron los principales ejes de la futura PAC, incluyendo la introducción de ayudas decrecientes a la renta por superficie, la eliminación del sistema de derechos históricos, la focalización de ayudas en los agricultores activos y el establecimiento de topes máximos por explotación. También se presentó el nuevo concepto de ‘farm stewardship’ (gestión de la explotación), que integra requisitos legales, condicionalidad social y prácticas de protección ambiental.
El fortalecimiento de políticas relacionadas con el clima, medio ambiente y biodiversidad, además de la obligatoriedad de una estrategia específica de relevo generacional con mayor peso presupuestario, fueron otros de los aspectos destacados. Se explicaron las líneas generales del pago a pequeños agricultores, las ayudas asociadas, las intervenciones sectoriales y los nuevos mecanismos de gestión de crisis.
La Conselleria también informó al sector agrario sobre las últimas novedades en relación con la nueva PAC, como la carta remitida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al Parlamento Europeo y al Consejo, en la cual se reconoce la necesidad de avanzar hacia un presupuesto de 400.000 millones de euros para la PAC, aunque el Govern lamenta que no se planteen formalmente ciertas cuestiones. Simonet valoró positivamente la actitud de la presidenta, aunque resaltó que la cifra sigue lejana de las necesidades reales del sector agrario europeo. Concluyó que «las propuestas dependen de la discrecionalidad de los estados, lo que debilita el carácter común de la política agraria».
