PAMPLONA, 15 de enero. (EUROPA PRESS) – El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, ha afirmado que en la investigación sobre bienes comunales inmatriculados por la Iglesia católica «tenemos un largo recorrido de trabajo en los próximos años». «Se ha iniciado únicamente el camino, que va a ser largo y que nos va a exigir poner más medios, tanto económicos como humanos», ha asegurado.
En respuesta a una interpelación formulada por el PSN en el pleno parlamentario de este jueves, Aierdi ha relatado que, a raíz de la aprobación de una resolución en el Parlamento en 2021, se realizó un inventario de todos los bienes que hubieran sido registrados por la Iglesia católica. Este primer listado incluye todos los bienes inmatriculados desde finales del siglo XIX, sean comunales o no, y requería un proceso de análisis e investigación.
Tras valorar diversas opciones, se optó por firmar un convenio con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, al considerar que las competentes en la materia «son las propias entidades locales». Durante 2025, se han investigado 174 bienes correspondientes a 26 entidades locales. En total, son 921 los bienes que deberán ser «objeto de investigación», lo cual «nos da pie a pensar que tenemos un largo recorrido de trabajo en los próximos años». «Nuestra intención es continuar con este trabajo en este año 2026», ha subrayado Aierdi, quien ha añadido que los trabajos han consistido, «fundamentalmente, en una laboriosa recopilación de documentación pueblo a pueblo».
En este momento, son 152 entidades locales las que se han sumado a este proceso: 75 ayuntamientos y 77 concejos, «lo cual quiere decir que el interés despertado en la materia es importante». Aierdi ha comentado que el 20 de noviembre se entregó la información a todas las entidades implicadas, que «en este momento están valorando la información recibida». «A lo largo del mes de enero mantendremos una reunión con ellos para determinar cuáles son los pasos que tenemos que seguir», ha declarado.
En este proceso de investigación abierto, «tenemos que compatibilizar tanto concluir el proceso de análisis de los bienes que todavía no hemos podido analizar, con pasos ya efectivos en la reclamación de aquellos bienes que sus entidades locales consideren deben ser objeto de una reclamación judicial».
En cuanto a los pasos a seguir, «tienen que ser dos». «Uno, desde el Gobierno, seguir en esa labor de investigación con los bienes que quedan por analizar y, en segundo lugar, intervenir mediante una demanda con relación a aquellos bienes de los que hay evidencias y pruebas de su carácter comunal». Aierdi ha transmitido la voluntad del Gobierno de «colaborar, acompañar y asesorar a quienes tienen que tomar la decisión de qué camino finalmente se sigue, que son las entidades locales titulares de estos bienes».
Por su parte, Carlos Mena, en nombre del PSN, ha valorado «de forma muy positiva» la labor realizada en esta materia por parte del Gobierno de Navarra. Ha indicado que la participación de las administraciones locales «es esencial» y ha añadido que la Iglesia «también tiene la obligación y hay que intentar que sea parte de este proceso». «Este trabajo no va contra nadie», ha señalado, añadiendo que «tampoco va de si somos católicos o no, es una cuestión de democracia, es una cuestión de recuperar lo que es de todos y de todas».
Juan Luis Sánchez de Muniáin, de UPN, ha destacado que estas inmatriculaciones «se han llevado a cabo con un procedimiento legal y válido, al menos hasta 2015». Ha enfatizado que en «su inmensa mayoría obedecen a la lógica», ya que lo que la Iglesia inmatricula son lugares de culto católico. Además, en caso de que se haya dado alguna inscripción «indebida», se puede recurrir a la Acción Declarativa de Dominio, donde quien decide si una inscripción es «errónea o indebida» es «un juez». También ha rechazado que se use «este asunto para abrir una causa general contra la Iglesia católica».
Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha afirmado que estos primeros resultados «han sido importantes», pero que este trabajo «no ha hecho más que empezar». «Se ha abierto un camino, se ha probado una metodología y se ha comprobado que funciona la colaboración entre el Gobierno, la Federación de Municipios y Concejos, y las entidades locales, pero el objetivo es seguir avanzando», ha remarcado, concluyendo que desde EH Bildu «seguiremos impulsando a las entidades locales para seguir avanzando».
Javier Ollo, de Geroa Bai, ha subrayado que el trabajo desarrollado por parte de la FNMC a través del convenio con el Gobierno de Navarra es apenas el «principio» de «un largo camino». «Es una herramienta que los ayuntamientos adheridos, y que esperemos que se adhieran muchos más al convenio, tienen para, en su caso, proceder a las acciones de recuperación», ha indicado.
Por parte del PP, Irene Royo ha señalado que ante estas propuestas «que pretenden socavar el Estado de Derecho, desviar la atención de los casos de corrupción, socavar la convivencia y confrontar con la Iglesia católica, el PP dice no». Las inmatriculaciones realizadas bajo la ley hipotecaria, ha dicho, «son válidas y no deben anularse retroactivamente, y se debe mantener la seguridad jurídica del sistema registral español». «Se realizaron según las leyes entonces vigentes, y declararlas ahora nulas implicaría un precedente jurídico grave», ha manifestado, añadiendo que «si ha habido algún error o inscripción indebida lo determinarán los tribunales».
Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha considerado que «para un Gobierno progresista como este», defender la titularidad pública de los bienes comunales «es una necesidad de primer orden». «Los bienes comunales históricamente han sido construidos, financiados, cuidados y sostenidos por nuestros pueblos», ha reivindicado, subrayando que «debe ser una obligación de todas las administraciones» defender su «carácter público». «Trabajaremos por recuperar para el pueblo lo que siempre fue de los pueblos y que jamás debió dejar de ser de nuestros pueblos», ha enfatizado.
Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha considerado que el PSN plantea esta interpelación como «una barrera de humo» para tapar su «hedor de corrupción» y para «desviar la atención de esos escándalos que les están ahogando y asfixiando». «Esta interpelación es una maniobra hipócrita, votaron en contra de revertirla en 2021 y ahora la usan para distraer de su corrupción endémica en Navarra», ha apuntado.
