VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) – Las defensas de Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado ‘yonki del dinero’, y otros cuatro acusados han alegado prescripción del delito y diferentes nulidades para frenar la pieza E del caso Imelsa, procedimiento que desde este lunes tiene lugar en los juzgados de València.
En concreto, en esta pieza hay cinco acusados: Benavent; Vicente Burgos, exdirectivo de la Fundación Jaume II el Just; y tres representantes legales o apoderados de empresas adjudicatarias: Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.
La Fiscalía reclama provisionalmente para Benavent, quien antes de su cargo en Imelsa fue empleado de la Fundación Jaume II el Just, una pena de seis años y medio de prisión por los delitos de cohecho (como cooperador), prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Además de la pena de cárcel, el ministerio público le exige el pago de una multa de 29.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.
Asimismo, la Fiscalía reclama otros cinco años de prisión para Vicente Burgos, exmarido de Alcón; y tres años de prisión para los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.
Se trata de la pieza E del caso Imelsa, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007, durante la época de la fallecida María José Alcón. Los contratos en cuestión se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de València, como La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad, así como la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y la XXVII edición del festival de cine de la Mostra.
En la vista que ha comenzado hoy en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, dedicada a cuestiones previas, las defensas han alegado prescripción de delitos y nulidades en registros de domicilios y empresas.
Concretamente, el abogado de Benavent impugnó la investigación realizada por Rosa Pérez, quien entregó a la Fiscalía un pendrive con varias grabaciones e imágenes que han sido cuestionadas y que dieron pie al procedimiento.
Este letrado también ha solicitado la nulidad del auto de entrada y registro de fecha 25 de enero de 2016, relativo a la entrada en el domicilio particular de Alcón, así como en las residencias de los demás empresarios acusados y la Fundación Jaume II. Alegó que el auto no está «suficientemente motivado» y que se ha producido una infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio que afecta a la tutela judicial efectiva.
Por su parte, el abogado de Vicente Burgos ha argumentado la prescripción del delito imputado a su cliente, ya que entiende que ya han transcurrido los 10 años que señala la ley. Esta misma prescripción ha sido defendida por los letrados de los otros tres empresarios involucrados en la causa.
En respuesta, la Fiscalía ha defendido la validez de las grabaciones aportadas por Rosa Pérez y los registros realizados tanto en domicilios como en empresas. Además, ha negado cualquier tipo de prescripción y ha recordado que Benavent «estaba cobrando sin estar trabajando». «Se le acusa de un delito de malversación porque tenía perfectamente conocimiento de que no trabajaba en la entidad. Decía que trabajaba para el PP», ha señalado. La Sala, tras estudiar los argumentos, ha indicado que las peticiones y nulidades se abordarán en la sentencia.
«YO NO SOY ZOMBIE»
Benavent, al llegar a los juzgados acompañado de su abogado, Juan Carlos Navarro, declaró a los medios de comunicación: «Yo no soy zombie. Los zombies son otros». Cuando se le preguntó si trabajaba en la empresa, respondió: «Claro que trabajaba y ahora lo diré dentro» —refiriéndose a la Sala—.
Según el escrito fiscal, Benavent fue «colocado» por el Partido Popular, con el conocimiento de Burgos, en la fundación, «quien, aunque cobraba un sueldo público, en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el PP, como reconocen los propios acusados en sus declaraciones judiciales».
El 26 de diciembre de 2017, la Generalitat extinguió la fundación, asumiendo pérdidas por valor de más de 13 millones de euros, «la cual no había sido fiscalizada nunca por la Sindicatura de Cuentas, siendo en 2016 cuando se presentó su primer informe», añade el fiscal.
Durante estos años —según el mismo escrito fiscal—, «Benavent se dedicó a cobrar comisiones a empresas que licitaban contratos públicos, asegurando a las empresas ser adjudicatarias de los contratos a cambio de un porcentaje variable que percibían en metálico una vez se había adjudicado el contrato». Este dinero era recaudado por Benavent y luego se repartía.
