VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) – El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto que regula las dietas y gratificaciones que percibirá el personal que participe en la organización de las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo de 2026, fijando en 76,41 euros la compensación destinada a los miembros de las mesas electorales.
La norma establece el régimen de compensaciones para los distintos colectivos que intervienen en el proceso electoral y que desempeñan funciones ajenas a su retribución ordinaria. Esto incluye a los miembros de las juntas electorales, personal colaborador, representantes de la Administración y empleados de los ayuntamientos involucrados en los comicios.
Las cuantías incorporan la actualización de las compensaciones conforme a los incrementos retributivos aprobados desde las últimas elecciones autonómicas. Además, el decreto garantiza la cobertura de los riesgos derivados del desempeño de las funciones electorales.
El proceso electoral se celebrará sin coincidencia con otros comicios, y la aprobación de este decreto representa un avance en la organización administrativa de las elecciones autonómicas de 2026, según ha señalado la Junta, que publicará la norma la próxima semana en el Boletín Oficial de Castilla y León.
Manual de Instrucciones para las Mesas
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el manual de instrucciones que guiará a las personas que integrarán las mesas electorales en los comicios autonómicos de 2026, con el objetivo de facilitar la correcta organización y desarrollo de las elecciones a las Cortes de Castilla y León.
Este manual, supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por la Junta, ofrece una guía práctica y detallada para el desempeño de las funciones de presidencia y vocalías durante toda la jornada electoral. Desde la constitución de la mesa por la mañana hasta la finalización del escrutinio y la entrega de la documentación.
El documento incluye instrucciones sobre el chequeo del material, la identificación de los votantes, el cierre de los colegios, el recuento de votos y la correcta cumplimentación de las actas oficiales. Asimismo, se establecen normas sobre orden público y la gestión de interventores y apoderados.
