PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) – La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra varios preceptos del decreto que regula el chárter náutico, aprobado por el Govern balear en julio de 2022.
Antes de acudir a los tribunales, en octubre, la CNMC solicitó al Ejecutivo autonómico que modificara o eliminara los artículos del decreto que consideraba problemáticos para evitar la impugnación. Sin embargo, según han indicado desde la CNMC en una nota de prensa, el Govern rechazó las propuestas planteadas el 28 de noviembre.
Restricciones del Nuevo Decreto
La CNMC no cuestiona que el decreto esté orientado a garantizar un desarrollo responsable y sostenible del chárter náutico, pero considera que algunos artículos introducen restricciones injustificadas que pueden expulsar del mercado a numerosos operadores y limitar la entrada de nuevos competidores, reduciendo así la variedad y calidad de los servicios ofrecidos.
Entre las restricciones impugnadas se encuentra la prohibición del alquiler parcial de barcos y la venta de plazas individuales. Esta medida se argumenta como un impedimento a un modelo de negocio habitual en el litoral español y restringe la libertad empresarial «sin basarse en razones de seguridad marítima o protección medioambiental».
Asimismo, alertan que esta regulación «podría incluso incrementar la presión sobre el medio marino» al dispersar la demanda y aumentar el número de embarcaciones en circulación.
Diferencias de Tratamiento
Otro punto discutido por la CNMC es la diferencia de trato entre escuelas náuticas. El decreto exime de su cumplimiento a las escuelas autorizadas en territorio español, pero no aplica el mismo criterio a centros extranjeros, creando así una discriminación contraria a los principios de libre prestación de servicios y no discriminación establecidos en la normativa nacional y europea.
Además, se opone a que la norma solo permite operar con embarcaciones de bandera española o comunitaria. Para las embarcaciones de terceros países de más de 14 metros de eslora, se exige una «dispensa de bandera» que la normativa nacional no contempla desde 2020. Esto requiere que el operador acredite la inexistencia de embarcaciones equivalentes disponibles en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo, lo que se considera una barrera «casi insalvable» para incorporar barcos extranjeros al chárter náutico en Baleares.
La CNMC sostiene que esta exigencia restringe la oferta, reduce la variedad y calidad del servicio, y puede elevar los precios, sin aportar beneficios adicionales en términos de seguridad o medio ambiente, ya garantizados por la normativa estatal.
Cambio Temporal de Uso Privado
Finalmente, impugnan la prohibición de operar a embarcaciones con cambio temporal de uso privado, argumentando que, según la normativa nacional, los barcos pueden realizar este cambio si cumplen ciertos requisitos de seguridad. Para la CNMC, esta medida limita la capacidad de respuesta a la demanda estacional y afecta negativamente tanto a la competencia como a los consumidores.
