MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) – Marruecos ha desarrollado finalmente su plan de autonomía para el Sáhara Occidental que presentó en 2007, tal y como reclamaba la reciente resolución 2797 del Consejo de Seguridad. Este plan ofrece a la antigua colonia española un autogobierno que estará dirigido por una persona designada por Mohamed VI y que para entrar en vigor requerirá el visto bueno del conjunto de los marroquíes a través de un referéndum.
Así consta en el documento de 40 páginas elaborado por tres consejeros reales: el exministro de Exteriores Taieb Fassi-Fihri, el jurista Omar Azziman (embajador en España entre 2004 y 2010) y Fuad Ali El Hima, principal asesor y hombre de confianza del monarca. Este contenido ha sido adelantado por medios marroquíes como ‘Yabiladi’ y ‘Le Desk’, así como el español ‘Atalayar’, muy próximo a Rabat.
La publicación de algunos detalles de la oferta presentada por el reino alauí se ha producido tras la reunión celebrada el 8 y 9 de febrero en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. La cita reunió a los jefes de la diplomacia de Marruecos y el Frente Polisario, así como a representantes de Argelia y Mauritania, y estuvo copatrocinada por el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, el enviado para África, Massad Boulos, y el enviado de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura.
Según Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Exeter, esta iniciativa es un «globo sonda» para ver qué dice la comunidad internacional. Aunque la propuesta «parece bastante sensata» y está en línea con otros sistemas autonómicos, como en España o Groenlandia, «no hay garantías políticas ni jurídicas de que se lleve a cabo».
La experta comenta que la propuesta planteada por Marruecos «podría tener sentido y funcionar en un Estado de derecho», pero en el reino alauí «no lo hay». En este sentido, se remite al Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, donde Marruecos obtiene un 3 en Estado de derecho, con un 2 en separación de poderes y un 2 en independencia judicial.
Principales puntos de la propuesta marroquí
Gobierno regional y competencias
El Estado seguirá preservando las competencias relativas a defensa nacional y seguridad, política exterior, moneda, nacionalidad y símbolos de soberanía. Mientras tanto, el gobierno regional tendría competencias en el uso del territorio, planificación urbana, desarrollo turístico e industrial, gestión pesquera, y políticas sociales como la salud y la educación, pudiendo emitir normas en estas materias.
Se prevé también una cláusula de subsidiariedad, en virtud de la cual toda competencia no asignada explícitamente a la región seguirá siendo nacional, salvo que se acuerde lo contrario. Además, habrá una cláusula de salvaguarda constitucional que permite la suspensión de ciertas competencias regionales de manera excepcional y temporal si se considera que se está causando un daño grave al orden constitucional, la integridad territorial o el funcionamiento de las instituciones.
El presidente del Gobierno regional será investido formalmente por el rey Mohamed VI «con el fin de garantizar la coherencia constitucional y la unidad del Estado». ‘Atalayar’ explica que, dado que el monarca es quien nombra al primer ministro en Marruecos, «aplicar una regla diferente al Sáhara crearía una asimetría institucional peligrosa». Además, el presidente será el representante del Estado en la región.
Fernández Molina considera que esto resulta «contradictorio» en un marco hipotético de autonomía, pues lo deseable —y lo que reclamaría el Polisario, asumiendo que acepte esta propuesta— sería la elección directa.
Finalmente, se prevé la constitución de una asamblea regional unicameral, formada por una parte de representantes elegidos por sufragio universal directo —quienes también formarán parte del Parlamento nacional— y otra parte designada por las tribus saharauis reconocidas, a través de un sistema establecido mediante ley orgánica. La asamblea contará además con una cuota de representación femenina y tendrá pleno poder legislativo en las materias de su competencia.
Sistema económico y fiscal
En el ámbito fiscal, la futura región autónoma podrá recaudar impuestos territoriales, regalías por la explotación de recursos naturales y se quedará con una parte de los ingresos nacionales generados en el territorio. El Sáhara Occidental es rico en pesca, fosfatos y también cuenta con un importante potencial en materia de energía eólica y solar. Una parte de los ingresos de estos recursos se quedaría en la región, aunque aún queda por negociar el porcentaje.
El plan de autonomía protegerá las tierras colectivas de las tribus saharauis y establecerá un marco legal para las concesiones mineras y las inversiones estratégicas. Ha surgido un punto de fricción, ya que se prevé que cualquier inversión extranjera deba contar con el visto bueno tanto a nivel regional como estatal, algo que podría no ser del agrado de Argelia debido a su tradicional enemistad con Rabat.
Regreso de los refugiados y desarme
Otro aspecto clave de la propuesta marroquí es el regreso de los refugiados saharauis que residen en los campos de Tinduf, Argelia, unos 173.000 según estimaciones de organismos humanitarios. Se establecerá un comité permanente para organizar el retorno, con facultades para verificar la identidad y controlar la filiación, aunque los criterios específicos deberán fijarse en una negociación posterior.
Además, se incluirá un mecanismo de desarme, desmovilización y reinserción de los combatientes del Polisario, quedando fuera aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Validación en referéndum
Para que todo esto pueda aplicarse, primero el estatuto de autonomía debe someterse a referéndum en todo el territorio marroquí, no solo en el Sáhara Occidental, como ha reivindicado tradicionalmente el Polisario, que ha sido el objetivo de la misión de la ONU (MINURSO).
«Esto no cumple de ninguna forma los requisitos formales de un proceso de autodeterminación», advierte la profesora de la Universidad de Exeter, quien destaca la dificultad de que el Polisario pueda aceptar dicha propuesta. Una renuncia completa a la autodeterminación sería un «suicidio político», señala.
De aprobarse en referéndum —algo que se da por garantizado—, el texto se integraría en la Constitución bajo un título específico. Cualquier revisión quedaría sujeta a su validación por mayoría cualificada en el parlamento regional y en el nacional, y a un nuevo referéndum.
Finalmente, se incluirá una cláusula de irreversibilidad territorial que excluye cualquier interpretación a favor de un derecho de secesión. «La autonomía no está pensada como una etapa hacia la independencia, sino como una solución definitiva», subraya ‘Le Desk’.
La experta advierte que el «reconocimiento internacional del estatuto no da lugar a ninguna tutela externa permanente». Esto significa que Marruecos no acepta que pueda haber algún tipo de «supervisión internacional» en el tiempo para verificar el cumplimiento de lo pactado. Si se aprueba el estatuto, el Sáhara Occidental pasaría a ser una cuestión de derecho nacional y la comunidad internacional quedaría excluida.
