LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) – El Fiscal ha solicitado una pena de tres años y tres meses de cárcel para A.M.R., administrador de la sociedad mercantil ‘Borokai Amenri, S.L.’, por la explotación de 16 mujeres en el club de alterne ‘Los Tres Marqueses’ de Recajo (La Rioja). Además, se le impone una multa de 2.700 euros.
Próximo Juicio en la Audiencia Provincial
El juicio está previsto que se desarrolle el 17 de febrero a las 09:30 horas en la Audiencia Provincial. Según el escrito al que ha tenido acceso, el administrador no tenía antecedentes penales en la fecha de los hechos, ocurridos en mayo de 2023, aunque posteriormente fue condenado por un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo a seis meses de prisión.
Detalles de la Inspección Laboral
Los hechos que se juzgarán ocurrieron durante una visita de inspección a ‘Los Tres Marqueses’, a las 19:30 horas del 11 de mayo de 2023, realizada por funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, junto a efectivos de la Guardia Civil.
Durante la inspección, se constató que había dieciséis trabajadoras por cuenta ajena que estaban en plena actividad laboral para la entidad mercantil ‘Borokai Amenri, S.L.’, cuyo único socio y administrador es A.M.R., sin estar registradas en la Seguridad Social. De las 16 mujeres, nueve carecían, además, de autorización de residencia y trabajo en España.
Relación Laboral y Condiciones de Trabajo
La actividad desempeñada por las 16 trabajadoras «cumple los requisitos que caracterizan la relación laboral por cuenta ajena, según lo establecido en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores».
Las mujeres acudían al club con un horario establecido desde las 18:00 hasta las 04:00 horas, dependiendo del día, ofreciendo sus servicios con los medios de producción de la empresa. Su retribución se basaba en comisiones al ser invitadas a copas por los clientes, a cambio de servicios de alterne que incluían acompañamiento y conversación durante su estancia en el bar.
De este modo, el bar obtenía la mitad del precio de cada copa, y las trabajadoras recibían el resto en mano en el momento del abono. En el momento de la inspección, la empresa contaba únicamente con nueve trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, lo que significa que más del 50% de su plantilla total, de 25 personas, laboraba sin estar registradas.
Cargos del Fiscal y Consecuencias Legales
Para el fiscal, estos hechos constituyen dos delitos contra los derechos de los trabajadores, solicitando una pena de dos años y medio de prisión y 2.700 euros de multa por uno de los delitos, y nueve meses de prisión adicional por el otro.
