MADRID/ZARAGOZA, 3 de marzo (EUROPA PRESS) – La reciente operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha revelado un caso de presunta corrupción medioambiental relacionada con la obtención de certificados para parques eólicos y fotovoltaicos. Este operativo ha resultado en la detención de seis personas, entre ellas, un exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica y el dueño de la empresa Forestalia.
Detalles de la Operación Perserte
La ‘Operación Perserte’, que ha culminado con un saldo de doce registros —diez en Madrid y dos en Zaragoza—, investiga delitos que incluyen prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Implicaciones de un alto cargo del Ministerio
La Guardia Civil ha indicado que en esta trama se encuentra implicado un individuo que anteriormente ocupó una posición relevante en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se le señala por haber influido de manera irregular en la emisión de resoluciones ambientales en la provincia de Teruel a cambio de sobornos.
Fuentes cercanas al caso han confirmado que el exalto cargo detenido es Eugenio Domínguez, quien fue subdirector general de Evaluación Ambiental en dicho ministerio. Además, se ha arrestado al empresario Fernando Samper, propietario de Forestalia.
Manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental
La causa se origina en la presunta manipulación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), fundamentales para la tramitación de proyectos relacionados con parques eólicos y fotovoltaicos. Se indagan irregularidades que apuntan a la posibilidad de cobro de comisiones.
En concreto, el exalto cargo de Transición Ecológica está bajo investigación por haber recibido contraprestaciones económicas a cambio de su mediación en la obtención de estos certificados.
Más detalles sobre la investigación
Con el fin de ocultar el origen del dinero, la Guardia Civil ha mencionado que los implicados habrían utilizado diversas sociedades interpuestas y que habrían contado, presuntamente, con la intervención de un fedatario público para formalizar la documentación asociada a las operaciones bajo investigación.
Además, la investigación se centra en comprobar si la tramitación ambiental de estos proyectos consideró adecuadamente los posibles efectos sobre el entorno, incluyendo la afectación a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico y la alteración de hábitats y usos del suelo.
Coordinación de la Operación
La operación ha sido ejecutada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel número 1, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel.
Cabe recordar que otra unidad de la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa (UCO), ya había realizado registros en las dependencias de Forestalia por su supuesta relación con el caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.
