El Dictamen de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha revelado cifras alarmantes sobre los fallecimientos en la lista de espera en Canarias, donde, en 2025, se registraron 2.200 muertes. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de mejorar el acceso a los servicios sociales, que actualmente tardan una media de 152 días en ofrecer ayuda a los solicitantes, aunque algunos expedientes evidencian esperas de hasta 391 días.
“El fallecimiento de cualquier persona mientras espera es una tragedia y merece respeto”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. La consejera atribuyó estos 2.200 decesos a varios factores, resaltando que se trata mayoritariamente de una población frágil, compuesta en gran parte por personas de edad avanzada que ingresan al sistema demasiado tarde. Según los datos del IMSERSO, el 41,34% de las solicitudes proviene de personas mayores de 80 años, el 24,7% de individuos de entre 65 y 79 años y el 34,39% restante son menores de 64 años.
Si bien las cifras son preocupantes, el Dictamen señala que representan solo un tercio de los fallecimientos de la legislatura anterior, cuando se reportaron unos 23.400 decesos en Canarias, incluidas 6.700 muertes en 2022 y 6.500 en 2023.
A pesar de estos datos, las autoridades continúan trabajando para mejorar la calidad y la rapidez de las prestaciones. El objetivo es reducir significativamente el tiempo entre la solicitud y la obtención de ayuda. Actualmente, la media es de 391 días, aunque es importante destacar que en todas las islas cualquier solicitante debería recibir su respuesta en menos de 152 días.
El informe también indica un notable aumento en el número de personas con prestaciones en 2025, considerando a Canarias como una de las comunidades autónomas con mayor incremento, con un aumento del 30,5% en el último año. Asimismo, se ha registrado un incremento del 30% en el número de derechos reconocidos.
No obstante, se debe señalar la falta de rigurosidad en ciertos aspectos del informe. No se ha tenido en cuenta el esfuerzo financiero realizado por los cabildos y el Gobierno en la firma de convenios, que suma 1.630 millones de euros. Además, se establece una comparación con otras comunidades autónomas que reciben un 50% de financiación frente al 20% que recibe Canarias.
El dictamen también enfatiza la existencia de personas con derechos reconocidos que aún no están recibiendo la prestación o servicio correspondiente, lo que indica que el sistema no logra atender a la totalidad de los beneficiarios. A pesar de la falta de personal en el sector de cuidados, un problema que afecta al sistema en su conjunto, la recién presentada Estrategia Sociosanitaria propone mecanismos para mejorar la situación, así como para abordar la carencia de camas residenciales.
Es importante destacar que, según IMSERSO, la lista de espera no es atribuible únicamente a la administración. No obstante, la Consejería se esfuerza por aumentar la oferta de servicios mediante medidas como la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado y la implantación universal de la teleasistencia avanzada.
Recientemente, Canarias aprobó una modificación normativa que amplía el sistema de prestaciones del Sistema de Dependencia, incluyendo ayudas de hasta 900 euros para la figura del asistente personal, muy por encima de los máximos establecidos por el Estado, que son de 700 euros para Grado III.
Asimismo, se modifica la Ley 16/2019, de 2 de mayo, relativa a los Servicios Sociales de Canarias, en lo tocante al régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones de atención a la dependencia. Esta modificación permitirá a muchas familias acceder a diferentes prestaciones que mejoren la atención a determinados perfiles. A partir de la publicación de esta norma, será posible combinar la asistencia del Servicio de Ayuda a Domicilio con prestaciones para la asistencia personal.
Conclusiones
La situación actual de la lista de espera en Canarias destaca la necesidad de intervención inmediata y significativa en el sector de servicios sociales. Las reformas y modificaciones normativas son pasos importantes hacia la mejora del sistema, pero es fundamental que se implementen de manera efectiva para evitar más tragedias en el futuro.
