La esposa del presidente del Gobierno español, Begoña Gómez, está actualmente en el centro de una disputa jurídica. Su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado la suspensión de la declaración que estaba programada para el próximo 11 de septiembre, al tiempo que ha solicitado el establecimiento de una nueva fecha para dicha declaración. Esta petición tiene lugar dado que Gómez tiene en ese mismo día otros compromisos legales en Arona, Tenerife.
La solicitud fue presentada mediante un escrito que fue enviado al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid el pasado 21 de agosto. Este abogado explica que el juez Peinado imputó a Gómez un presunto delito de malversación. La imputación está relacionada con la contratación de Cristina Álvarez como asesora personal de Gómez en Moncloa.
En el documento entregado al juez, Camacho confirma que tiene una declaración programada el 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona. Por ello, solicita que se anulen las declaraciones testificales asignadas para esa misma fecha. También se incluye en la petición el auto emitido por el juzgado de Arona, que confirma la citación para dicho día a las 10:30 horas.
La citación de Gómez
El 18 de agosto, el juez Peinado imputó a Gómez por un delito de malversación y le citó para que compareciera nuevamente, en respuesta a un pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid que le instó a centrarse en la investigación y a establecer los indicios de responsabilidad que podrían atribuírsele a la asesora. Sin embargo, el tribunal descartó que la malversación fuera uno de los delitos aplicables en su caso.
Hasta este momento, Begoña Gómez había sido investigada por presuntos delitos que incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. Estas investigaciones se basan en cuatro líneas de análisis: el supuesto tráfico de influencias a favor de Barrabés, la gestión de Gómez relacionada con una cátedra y dos másteres en la Universidad Complutense, la presunta apropiación indebida del software de dicha cátedra, y la designación de Cristina Álvarez como asesora.
La decisión de imputar a Gómez por malversación marca un cambio de criterio con respecto a lo que determinó el pasado mayo, cuando el juez imputó a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, por un delito de malversación vinculado a la contratación de álvarez durante su etapa en Moncloa y decidió no abrir una investigación contra Gómez y Álvarez por este delito, considerando que no eran responsables de la contratación.
