VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) – Las organizaciones agrarias de Castilla y León, Asaja, la alianza UPA-COAG y UCCL, junto con diversas instituciones y colectivos sociales, han rechazado la actual propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034 por considerarla «perjudicial» para el sector agrario y para el desarrollo de los pueblos. Al mismo tiempo, han reclamado a las instituciones europeas la elaboración de una nueva propuesta que garantice un presupuesto «suficiente» para asegurar la igualdad territorial y el mantenimiento de las ayudas destinadas a los agricultores y ganaderos.
Así lo han expuesto las organizaciones agrarias en una declaración institucional respaldada por el PSOE de Castilla y León, según ha trasladado la portavoz socialista de Agricultura y Ganadería en las Cortes, Virginia Jiménez. Esta compareció tras la reunión mantenida por el secretario general socialista, Carlos Martínez, con las organizaciones agrarias, en la que se ha asegurado que la nueva propuesta de la Comisión Europea para la PAC a partir de 2028 supone un «duro golpe» para el campo de Castilla y León y para los pueblos.
Precisamente, ha explicado que la propuesta del nuevo marco financiero plurianual plantea «recortes importantes» en el presupuesto agrario, de hasta un 22 por ciento menos que en el periodo anterior, y «elimina» la estructura actual al sustituir los dos pilares por un único fondo centralizado.
Además, esta medida conlleva la pérdida de algunas ayudas directas significativas y el segundo pilar de desarrollo rural quedaría en manos de la gestión y la cofinanciación de los estados miembros. Esto puede generar «desigualdades» entre países y territorios, lo que incidiría de manera «más negativa» en las zonas rurales más despobladas y con mayor dependencia del sector primario.
Por todo ello, el PSOE considera que en un «momento decisivo» como el actual, es «imprescindible» que exista unidad institucional, política y social para frenar esta reforma y defender una PAC «fuerte y justa», sin intereses partidistas, sino como un compromiso colectivo con la tierra y con las personas que la trabajan.
En este sentido, Jiménez ha subrayado que se reclama a la Unión Europea una nueva PAC con un presupuesto «suficiente e igualdad territorial», enfatizando que esta «no es una cuestión de partidos políticos, es la voz del campo y de los pueblos».
Asimismo, ha hecho especial énfasis en que la declaración institucional es fruto de la «unidad social, agraria e institucional», destinada a hacer frente a la actitud de la Junta, que se «limita a exigir al Gobierno central y no atiende a las reclamaciones del campo».
Jiménez también ha lamentado que el PP europeo y español quieran «desmantelar» la PAC con el «mayor recorte de la historia», lo que rompe la lógica de solidaridad europea que ha sostenido el campo durante décadas.
El PSOE considera que la propuesta europea es un error histórico y ha indicado que van a combatirla con unidad y firmeza desde Castilla y León. En este sentido, ha señalado que el partido llevará las propuestas de este documento a las Cortes en forma de proposiciones no de ley y de preguntas a quien corresponda.
IGUALDAD TERRITORIAL
Estas demandas se materializan en una serie de peticiones incluidas en la declaración institucional de las organizaciones agrarias respaldadas por el PSOE, donde se instan a las instituciones europeas a elaborar una nueva propuesta que garantice un presupuesto suficiente, la igualdad territorial y el mantenimiento de los dos pilares de la PAC.
Del mismo modo, se solicita que se incluya el principio de reciprocidad y cláusulas espejo en todos los acuerdos comerciales con terceros países, garantizando así los mismos requisitos medioambientales, agronómicos y sociales en la producción que se exigen a los productores locales.
El documento también recoge la petición de reducir cualquier requisito medioambiental que suponga un incremento en los costes de producción sin base científica agronómica, así como conseguir la simplificación en la aplicación de la nueva PAC y la reducción de la burocracia.
Asimismo, las organizaciones agrarias demandan al Gobierno central y a la Comisión Europea la adopción de medidas concretas para contrarrestar la pérdida de ingresos del sector agrícola y ganadero ocasionada por el acuerdo arancelario con Estados Unidos.
Al Ejecutivo central también se le pide que implemente una PAC con enfoque rural y territorial que priorice al agricultor profesional, incluyendo una reserva mínima obligatoria para zonas despobladas, de montaña o con alta dependencia agraria.
Finalmente, instan a la Administración autonómica a trabajar de forma coordinada con las organizaciones agrarias, los pueblos, los agentes sociales y los grupos de acción local para asegurar que los fondos de desarrollo rural lleguen a todos los pueblos.
