La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y la secretaria de Institucional y Comunicación del sindicato, Nuria Martínez, han presentado este miércoles el documento titulado ‘Por una Andalucía con futuro: prioridades sociales, económicas y laborables 2026-2030’. Este informe será trasladado a los partidos que participan en las elecciones del 17 de marzo y se centra en la mejora de la calidad de vida y la recuperación de los servicios públicos ante una «privatización consciente e intensa» por parte del actual Gobierno andaluz.
En una nota, CCOO-A ha indicado que «estas medidas y propuestas reflejan un modelo de sociedad compartido, con igualdad de oportunidades, con derechos y con avances» que busca dar respuesta al descontento social generado por un modelo privatizador que beneficia a una minoría.
La secretaria general ha pedido a las formaciones políticas y al futuro Gobierno que salga de las urnas un compromiso con un modelo que enfatice la mejora de la calidad de vida de toda la ciudadanía andaluza. López defendió que «este documento refleja un modelo de sociedad compartido, con igualdad de oportunidades, con derechos y con avances».
Para el sindicato, las próximas elecciones deben servir para proteger los pilares del bienestar ante el «deterioro premeditado» que se está llevando a cabo de lo público por parte del Gobierno andaluz. «Es más que evidente que hay un descontento social por el deterioro de los servicios públicos debido a una privatización constante y especialmente intensa en los últimos años», señalaron.
CCOO ha destacado que existe una estrategia política para favorecer intereses privados. «De manera consciente, el Gobierno andaluz asfixia lo público hasta que deja de funcionar, y así justifica esa deriva hacia lo privado, convirtiendo los derechos de ciudadanía en negocio para unos pocos», afirmaron.
En este sentido, han enfatizado que «el resultado es negocio para una minoría» y citan ejemplos como las largas listas de espera en sanidad, la dificultad de acceder a plazas en la Formación Profesional pública o en la universidad, y los problemas de acceso a la vivienda.
Para hacer frente a esta gestión privatizadora, el documento propone medidas urgentes en sectores estratégicos. En materia de sanidad, el sindicato ha exigido frenar el trasvase de fondos hacia el sector privado y reforzar la Atención Primaria. En educación, han reclamado más plazas públicas de Formación Profesional, resaltando su importancia para la inserción laboral de jóvenes.
Referente a la dependencia, el sindicato ha urgido al Gobierno a abordar el «déficit estructural» que afecta a la comunidad, donde los tiempos de espera para obtener atención pueden alcanzar los 488 días, además de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.
En el área de vivienda, López ha reiterado su apoyo a la iniciativa legislativa popular (ILP) que promueve otras organizaciones sociales para limitar los precios de compra y alquiler, argumentando que «pagar el 40% del salario es una barbaridad». También ha enfatizado la necesidad de garantizar un hogar para todos y ha mostrado preocupación por la situación económica de las familias, indicando que «los beneficios empresariales han crecido cuatro veces más que los salarios,» lo que deja a uno de cada cuatro hogares con dificultades para llegar a fin de mes.
Finalmente, reivindicó un cambio de política que favorezca un reparto más equitativo de la riqueza, alertando sobre que no se puede permitir que las políticas fiscales continúen beneficiando a los grandes patrimonios mientras que la clase trabajadora asume la mayor parte del esfuerzo.
Por último, la secretaria de Institucional y Comunicación destacó la importancia democrática de esta propuesta, subrayando que «este documento no es una lista de peticiones aisladas, es el resultado del análisis y del contacto directo de nuestros delegados con la realidad de los centros de trabajo y los barrios de Andalucía». Por ello, hizo un llamado a los partidos políticos para que creen espacios de interlocución real y para que el diálogo social sea el eje central de la próxima legislatura, asegurando que «nadie se quede atrás».
