La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha alertado sobre el deterioro de los servicios públicos y la creciente presión sobre el mercado de la vivienda tras la reciente regularización extraordinaria de migrantes. Esta declaración fue realizada durante una rueda de prensa el miércoles, posterior a la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Prohens considera que esta regularización afecta de manera «indiscriminada» a quienes se encuentran en situación administrativa irregular, ignorando factores como el crecimiento poblacional, la emergencia habitacional y la presión asistencial sobre los servicios sanitarios en Baleares. «El resultado serán peores servicios públicos para los ciudadanos de Baleares, porque esta regularización no viene con el compromiso de más financiación», advirtió, aprovechando la ocasión para solicitar la renovación del sistema de financiación autonómico.
A pesar de que las competencias en materia de migración son atribuibles exclusivamente al Estado, el Govern tiene previsto presentar un recurso ante el Tribunal Supremo en busca de la suspensión cautelar de la medida, que entrará en vigor este jueves. «El coste práctico de esta regularización recae única y exclusivamente sobre las comunidades autónomas, por lo que consideramos que la podemos recurrir», justificó Prohens.
La presidenta también expresó su preocupación por el posible «efecto llamada» que podría generar la regularización, beneficiando a organizaciones delictivas que comercian con la dignidad humana. Asimismo, lamentó que el Gobierno haya desestimado las advertencias formuladas por la Comisión Europea, la cual resaltó que los migrantes regularizados de forma extraordinaria «solo serían legales en España» y no en otros países europeos.
«El Govern, en consonancia con lo que piensan todos los países europeos de diferentes signos políticos, defiende una inmigración legal y ordenada. Baleares siempre ha sido una tierra de acogida para quienes vienen a trabajar, a sumar, a integrarse y a respetar las leyes y la cultura», enfatizó Prohens.
### LOS ANTECEDENTES PENALES
La presidenta autonómica también mostró su descontento por la falta de consideración del Ejecutivo hacia las recomendaciones del Consejo de Estado. Aunque el texto final recoge varias sugerencias, una de las más relevantes es que ya no será suficiente presentar una declaración responsable para comprobar la ausencia de antecedentes penales. Prohens ironizó: «Si esperan que dé las gracias por limitar que no entren delincuentes en este proceso de regularización… Me parece lo mínimo que se pida un certificado de penales más allá de la declaración responsable».
Criticó que la izquierda la haya tachado de «racista y fascista» por no querer permitir la entrada de delincuentes sin realizar las pertinentes comprobaciones. «No todo el mundo que llega es un delincuente, no me encontrarán en ese discurso, pero no todo el mundo que viene es un ser de luz», añadió.
### LA FALTA DE DATOS
Al ser cuestionada sobre la estimación de 30.000 potenciales beneficiarios en Baleares, hecha por la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, Prohens se mostró cauta. «No tenemos datos fiables del Gobierno», que estimó en alrededor de 10.800 los regularizados en el archipiélago, manifestó. «Nos piden que estemos preparados para un proceso que no sabemos a cuántas personas afectará», agregó.
Además, Prohens expresó su inquietud por las reunificaciones familiares y el «colapso» que ya se está produciendo en las oficinas consulares como resultado de esta regularización extraordinaria. En este contexto, mencionó a las personas que «de golpe pierden su pasaporte» para acogerse a la medida. «La irresponsabilidad es tal que no me atrevo a dar una cifra hasta que acabe el proceso», concluyó.
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