Sevilla, 17 abr. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes la solicitud formal de ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para paliar los daños ocasionados por las sucesivas borrascas registradas entre finales de enero y principios de febrero de este año, que afectó a la Península, principalmente a Andalucía.
Según ha detallado el Ministerio de Hacienda en una nota, el Fondo de Solidaridad es el principal instrumento de la Unión para apoyar la recuperación de catástrofes naturales y es una expresión de la solidaridad entre los Estados miembros. A inicios de febrero, pocos días después del paso de las borrascas, la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que el Ejecutivo solicitaría dicho fondo.
El reglamento del fondo establece que los Estados miembros podrán adherirse a él ante situaciones de catástrofe «de naturaleza grave», que se reconocen cuando los daños derivados de la catástrofe superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros (precios de 2011). La documentación remitida por el Ministerio de Hacienda refleja que España cumple esta condición. El fondo financia parte de ciertos gastos e intervenciones de emergencia ya realizadas, derivadas de catástrofes como la sucesión de borrascas que se registró.
Asimismo, los gastos susceptibles de recibir recursos del fondo europeo son, entre otros, los destinados a:
- Restablecimiento de las infraestructuras básicas (energía, agua, sanidad y educación).
- Alojamientos provisionales de la población afectada y costes de los servicios de urgencias para cubrir las necesidades inmediatas.
- Seguridad de las infraestructuras de prevención.
- Medidas de protección del patrimonio cultural.
- Operaciones de limpieza.
De este modo, una vez remitida toda la información, se inicia un proceso en el que la Comisión Europea analizará y evaluará la documentación y finalmente asignará el importe de la ayuda que le corresponde a España. La subvención debe ser aprobada posteriormente por el Consejo y el Parlamento de la Unión Europea. Una vez que los créditos están disponibles, la Comisión firma un acuerdo con el Estado beneficiario y proporciona la subvención. Todo este proceso es relativamente largo y puede durar varios meses.
Además, la solicitud detalla que el coste de los gastos susceptibles de financiación se cifra en 1.801 millones de euros. El importe asignado a España será necesariamente inferior a los gastos elegibles comunicados, que superan el presupuesto total destinado a la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia de la Unión Europea.
Los hechos registrados
Entre el 22 de enero y el 14 de febrero de 2026, España se vio afectada por una secuencia excepcional de siete borrascas atlánticas con gran impacto (Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana), que generaron un episodio prolongado de condiciones meteorológicas adversas en amplias zonas del territorio. Sin embargo, el impacto fue mayor en zonas de Andalucía, ya que en el sur peninsular las precipitaciones acumuladas triplicaron los valores climatológicos de referencia (1991-2020).
El episodio más crítico se produjo entre el 3 y el 7 de febrero, asociado a la borrasca Leonardo, con precipitaciones extraordinarias ligadas a un río atmosférico subtropical. Se registraron valores extremos, como los 577 mm en 24 horas de Grazalema (Cádiz), constituyendo un récord histórico que causó inundaciones «extraordinarias».
De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), analizando la precipitación acumulada en un periodo de 31 días, este episodio se sitúa como «el segundo valor más alto de todo el siglo XXI para la España peninsular, y entre los más relevantes desde que existen registros (1961)».
En Andalucía, el impacto ha sido «severo y transversal», con miles de personas afectadas, graves daños económicos en sectores clave e importantes alteraciones en el medio ambiente. El impacto humano y material de estas lluvias persistentes e intensas ha sido severo.
En población, se registraron más de 12.400 personas desalojadas y múltiples cortes de suministros básicos, así como viviendas destruidas o inhabitables, incluyendo en algunos casos derrumbes totales o parciales. En
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