MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) – El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este martes de «incorrecto» el decálogo adoptado por el PP para pactar con su formación, alegando que parece que los ‘populares’ negocian «con salvajes» que tienen que «intentar domar». «La música me suena mal, es empezar con mal pie, un error», ha lamentado.
En una entrevista concedida a ‘Espejo Público’ de Antena 3, Abascal ha precisado que no le han agradado las menciones al respeto de la unidad nacional, al marco constitucional, al Estado de Derecho, a la legalidad vigente y a las principales instituciones de la nación, así como a la separación de poderes, a la Jefatura del Estado y al acatamiento del reparto competencial autonómico.
Abascal cree que esos postulados son «obvios» y ha afirmado que entendería que el PP lo recalcara si fuera a alcanzar acuerdos con Junts o el PSOE. «Pero para pactar con Vox no lo entiendo», ha subrayado, señalando que le «molesta». En esta línea, el dirigente de Vox ha enfatizado que él «ha acreditado con su propia integridad física la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho» desde hace muchos años, y ha agregado que «no comprendo» esta postura.
Ve el documento del PP «lleno de generalidades»
Además, Abascal considera que el documento marco del PP está «lleno de generalidades» y «incluso un poco insulto a sus propios dirigentes autonómicos». «Es una falta de confianza. Yo entiendo que la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, y el presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, no van a pactar nada en contra de la legalidad», ha indicado.
Abascal ha abundado en las «incoherencias» de los barones autonómicos del PP, destacando que ofrecen «muchos mensajes» y «demasiada confusión». Según él, el documento parece más orientado a fijar unas líneas de negociación dentro de las propias filas ‘populares’, dado que lo presentan como un marco «único, vinculante y para toda España». «Es para entenderse entre ellos», ha señalado.
Así, ha recordado que Vox ya ha llegado a acuerdos satisfactorios con barones ‘populares’ en otras regiones, como la Comunidad Valenciana. «Para nosotros ese es el marco, no el de Feijóo. Nuestro documento, con el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, no es música, es letra concreta, y el del PP es una generalidad, y nosotros desconfiamos de esa generalidad», ha explicado.
Que negocien los equipos
El PP publicó el decálogo, el cual también incluye el respeto a la «proporcionalidad» salida de las urnas, «la aprobación de cuatro presupuestos» autonómicos –es decir, los de toda la legislatura– y el respeto a la «coherencia programática», después de anunciar que ‘Génova’ se implicará en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón para conformar gobiernos de coalición.
Vox y el PP iniciaron el lunes un nuevo formato para negociar, que consiste en primero acordar medidas «concretas, claras y conocidas», un programa de gobierno, y después ocuparse de los puestos. El objetivo es vencer «el clima de desconfianza» que se ha instalado entre ambos partidos y que ha embarrancado la negociación en Extremadura.
Según Abascal, ni él ni Alberto Núñez Feijóo deberían negociar personalmente en Extremadura y Aragón, sino que deben hacerlo «los equipos designados con líderes regionales que se han presentado a las elecciones». Además, se ha declarado «sorprendido» porque «el marco de negociación lo ponga aquel que necesita los votos».
Por parte de Vox, el equipo negociador en Extremadura está conformado por el candidato, Óscar Fernández, y la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís. En Aragón, las conversaciones están a cargo del exvicepresidente y candidato a las elecciones del 8F, Alejandro Nolasco, y la citada Lluís.
El líder de Vox también ha criticado el punto que exige la aprobación de cuatro presupuestos. «Yo nunca lo he visto en política», ha asegurado. Además, ha defendido el nuevo marco adoptado, basado en acordar «medidas concretas» primero, «plazos» después y «garantías de cumplimiento».
Abascal ha recalcado que la integración en gobiernos autonómicos ‘populares’ no es lo más importante para Vox. «Podemos llegar a decidir la entrada en unos gobiernos o no, pero eso no es lo principal para nosotros», ha indicado, aunque ha subrayado que la pretensión de Vox siempre es gobernar.
Tras las elecciones en Extremadura, Abascal ha solicitado una vicepresidencia y varias consejerías, sin concretar cuáles, y actualmente Vox rehúsa proporcionar detalles en ese sentido, advirtiendo que cualquier información que señale sus intereses será falsa y que no negociarán a través de los medios de comunicación.
El resultado de las elecciones les aboca a un acuerdo
Vox duplicó su fuerza en Extremadura y Aragón en las elecciones del 21 de diciembre y el 8 de febrero, respectivamente. Los de Santiago Abascal buscan entrar en gobiernos de coalición con el PP para garantizar que sus reclamos, orientados a las políticas agrícolas y ganaderas, la industria, la inmigración, la educación y lo relacionado con la ‘ideología woke’, sean atendidos.
Sin embargo, las negociaciones están estancadas en Extremadura. De hecho, Vox votará ‘no’ en la sesión de investidura de María Guardiola el 3 de marzo, lo que imposibilitará que la presidenta en funciones alcance la mayoría absoluta necesaria para revalidar su cargo. A partir de este día, tiene un período de dos meses para constituir gobierno, y si no lo logra, habrá repetición electoral, un escenario que Vox no descarta por el momento.
El desacuerdo entre Vox y María Guardiola se ha enrarecido desde las elecciones de 2023, y desde entonces han vivido varios tira y afloja públicos que incluso han afectado el plano personal. En medio de las tensiones en la negociación actual, Guardiola ha iniciado un acercamiento público a los postulados de Vox tras haberlos despreciado. Génova le ha reprendido, pidiéndole discreción en las negociaciones.
Los de Santiago Abascal sí mantienen sintonía con el aragonés Jorge Azcón y han desvinculado estas conversaciones del escenario extremeño. Vox ya gobernó en coalición con el PP en Extremadura y Aragón tras las elecciones de 2023, así como en la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla y León, pero rompió esos ejecutivos un año después ante las discrepancias con los ‘populares’ sobre la acogida de menores migrantes.
