Adif ha comunicado este lunes a los otros socios de Valladolid Alta Velocidad (SVAV) —Ayuntamiento y Junta de Castilla y León— la propuesta de denuncia y resolución del convenio firmado en 2017 que contemplaba la integración en superficie. Debido a que el Consistorio y la Junta no han aceptado la celebración de una Junta General de accionistas en la que se iba a abordar el asunto, Adif llevará el caso a un juzgado de lo Mercantil.
La secretaria general de Adif, Irene Bonet, planteó verbalmente la resolución del convenio después de dos horas de reunión de la Comisión de Seguimiento del proyecto ferroviario, donde recalcó que «ha quedado claro» que las posiciones de las entidades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible —Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe—, por un lado, y del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, por otro, son «totalmente contrapuestas».
A continuación, se celebró un Consejo de Administración que, aunque transcurrió con cierta normalidad, presentó diferencias por la aportación pendiente del Ayuntamiento correspondiente a la anualidad de 2024. La SVAV había convocado, a instancias de Adif, una Junta General de accionistas para presentar por escrito la propuesta de resolución del convenio, pero el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde, Jesús Julio Carnero, argumentaron que la citación se había realizado de manera «indebida», lo que motivó su rechazo a la celebración de la Junta.
El secretario de Estado del Ministerio, presidente de la SVAV y máxima representación ministerial en el encuentro, José Antonio Santano, censuró que la jornada concluyera «de la peor manera» y acusó a Suárez-Quiñones y Carnero de «escapar» de la Junta General. «Pero de sus responsabilidades no pueden escapar», advirtió Santano, quien describió la situación vivida en los últimos dos años como una «pantomima» y «tomadura de pelo», ya que en «diez reuniones» del Consejo de Administración el Ayuntamiento «siempre ha puesto algún problema» para llegar a acuerdos.
«Acabemos con esta pantomima y dejemos que el Ayuntamiento y la Junta caminen hacia donde deseen», concluyó Santano, que también se abrió a un diálogo posterior «con Valladolid, mirando al futuro». Tal y como explicó Bonet en la reunión del Consejo de Administración, se procederá a la liquidación del convenio y a la resolución de las cuentas pendientes y aportaciones acordadas, entre ellas los 11,07 millones de euros que el Ayuntamiento dejó pendiente de aportar para la anualidad de 2024.
Tanto el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, como el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, expresaron su «total oposición» al planteamiento de resolución del convenio y manifestaron que defenderán los intereses del Ayuntamiento y la Junta en las instancias judiciales correspondientes.
Los tres, tanto el secretario de Estado como el consejero y el alcalde, defendieron que siempre han apostado por el «diálogo» hasta el último momento. Santano subrayó que, en la reunión del Consejo, había propuesto que si el Ayuntamiento accedía a aprobar de manera inmediata las obras de los pasos de Ariza, desistirían de la pretensión de resolver el convenio.
Carnero respondió a esta propuesta sugiriendo que se demoraran «dos años» las obras de remodelación de la estación Campo Grande, presupuestadas en 250 millones de euros, para poder afrontar las de los pasos de Ariza sin crear un «caos circulatorio». De hecho, el alcalde y el concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez, entregaron hoy a los organismos ministeriales un informe de movilidad para justificar la negativa del Consistorio a los tres pasos en el entorno de Ariza, cinco meses después de presentar su oposición a este proyecto en junio.
«Para cualquier persona que esté en Valladolid o viva en Valladolid queda claro que abordar esas obras cuando unos metros más allá se construye una nueva estación sería un caos absoluto», enfatizó Carnero, quien añadió que si permitiera eso tendría que irse a vivir a «Oporto», puesto que la ciudad se convertiría en «un asco» mientras coincidieran las dos ejecuciones.
Jesús Julio Carnero reclamó la creación de una «comisión de análisis» para «ver por dónde se puede avanzar», en lugar de romper el convenio, siendo «respetuosos con lo que representa cada uno» y poder desarrollar actuaciones contempladas en el acuerdo para la integración, cambiando el nombre a «convenio de transformación ferroviaria». También planteó que se ofrezcan facilidades urbanísticas al desarrollo de los suelos de los antiguos talleres de Renfe, que, según subrayó, deben ser descontaminados por Adif.
En declaraciones a los medios de comunicación, Carnero señaló que, durante los años de vigencia de la SVAV, se han realizado aportaciones de casi 364 millones de euros «en activos ferroviarios», de los que considera que se han beneficiado Adif Alta Velocidad y Renfe Operadora.
«AL FRENTE DEL NEGOCIO DEL SIGLO SE HA PUESTO UNO DE VALLADOLID»
«Han hecho el negocio del siglo. Al frente del negocio del siglo se pone uno de Valladolid —en referencia al ministro Puente—. Se van a vendimiar y el de Valladolid lleva uvas de postre», lamentó Carnero, antes de criticar que la ciudad ha «entregado todo» y ahora las entidades del Ministerio decidieron alejarse porque «dicen que tenemos una serie de incumplimientos», cuando, a su juicio, lo que ha buscado el Ayuntamiento es ejecutar aquellas acciones que no obstaculicen el soterramiento.
«Ha quedado claro que para que Valladolid pueda tener soterramiento hace falta un ministro del PP. Es una cuestión de voluntad política de quien está aquí en el Ayuntamiento y de tozudez política de quien está en Madrid», concluyó el regidor.
«ENJUICIAMIENTO PERSONAL» AL ALCALDE
Suárez-Quiñones criticó al secretario de Estado en su intervención en el primer encuentro por considerar que ha realizado un «enjuiciamiento personal» al alcalde de la ciudad y defendió que «en estos años no se han realizado menos cosas que en los años anteriores» en la SVAV.
Asimismo, ante las menciones del subsecretario de Estado y exresponsable de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento durante el mandato de Óscar Puente, Rafael Guerra, sobre múltiples conversaciones para llegar al acuerdo que en 2017 modificó el convenio para dejar atrás el soterramiento y abordar la integración, el consejero lamentó que, para adoptar la decisión de denunciar el convenio, «no ha habido una sola conversación» entre administraciones que no haya sido «formal» dentro de los órganos de la Sociedad.
«Hemos instado al diálogo, hemos ofrecido agendas para ponernos de acuerdo en hacer un cambio como hicimos en 2017…», relató Suárez-Quiñones, quien considera que una terminación del convenio tendría «unas consecuencias muy graves para todos», por lo que «merecería una conversación» fuera de los órganos formales.
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