SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Ene. (EUROPA PRESS) – La Asociación de Trabajadores de la Tierra Canaria (Atratican) ha expresado su «preocupación» por la presunta importación en el archipiélago de fruta procedente de Sudamérica, etiquetada como si fuera producida en España. Esta práctica ilícita podría agravarse con la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países latinoamericanos que forman Mercosur.
Un grupo de agricultores pertenecientes a la asociación ya se encuentra preparando una denuncia ante el Seprona, que será remitida a la Fiscalía, dado que cuentan con pruebas de la importación ilegal de melón de origen brasileño a Canarias, haciéndolo pasar fraudulentamente como cultivado en la Península.
Atratican subraya que la introducción de melón en el archipiélago procedente de países no europeos está prohibida desde 1987, conforme a la Orden de 12 de marzo de 1987 dictada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que establece las normas fitosanitarias para la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales en Canarias.
Los productores afectados han manifestado a Atratican que estos hechos podrían constituir delitos contra la salud pública, falsedad documental, incumplimiento de la propiedad industrial (marcas) y violaciones medioambientales.
El presunto fraude radica en importar melón de Brasil a España, llevarlo a la Península, cambiar de caja y modificar el etiquetado, haciendo que parezca melón español para su introducción en Canarias, similar a lo que ya ha ocurrido con partidas de aguacate o piña tropical.
Atratican enfatiza que se trata de hechos «indiciariamente muy graves» que deben ser investigados por las autoridades competentes, ya que representan «una amenaza para el campo canario», tanto por el riesgo de introducción de plagas como por la distorsión del mercado que crea una competencia desleal, perjudicando a quienes cumplen las normas y apoyan a los productores locales de melón.
La asociación coincide con los productores afectados en que, «con voluntad y los medios necesarios, es posible prevenir y combatir este tipo de prácticas ilícitas». En este sentido, señalan que sería muy eficaz inspeccionar el denominado balance de masas de determinadas explotaciones agrarias, lo que permitiría verificar si la cantidad que una empresa del sector primario vende como producto local se corresponde realmente con las superficies y rendimientos que declara.
Los agricultores afectados planean lanzar una campaña en redes sociales para concienciar a la sociedad canaria sobre los efectos negativos que conlleva la entrada ilegal de frutas provenientes de países con alto riesgo sanitario. Estas consecuencias no solo amenazan la seguridad alimentaria—pues las producciones extracomunitarias a menudo utilizan pesticidas y productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea—sino que también pueden afectar el empleo en el campo canario.
