VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) – Medio millar de agricultores, según fuentes oficiales consultadas, y 1.000 según los organizadores, se ha movilizado hoy contra la «especulación feroz» de las multinacionales que ha disparado los costes de producción en el sector, especialmente del gasóleo y los fertilizantes, tras el conflicto en Irán. Han exigido la puesta en marcha de medidas «urgentes y ayudas directas» para frenar esta situación.
«La sensación que todos tenemos cuando estamos en el tractor es que estamos perdiendo dinero», ha reflexionado el presidente autonómico de Asaja, Donaciano Dujo. Esta movilización forma parte de la segunda jornada de protesta en unidad de acción de las organizaciones agrarias profesionales – Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG – y ha llevado a sus representantes a presentar escritos a la Delegación del Gobierno y a la Consejería de Agricultura.
Dujo ha solicitado al Ejecutivo que frene la «especulación» de las multinacionales, a las que ha acusado de «enriquecerse a costa de empobrecer al sector» tras aumentar los precios del gasóleo y los insumos entre un 40 y un 50 por ciento. Este sobrecoste ha cifrado entre 15.000 y 30.000 euros para cada explotación en la Comunidad, dependiendo de su tamaño, y ha alertado que esta situación pone «en riesgo» el acceso de los consumidores a productos de calidad.
En este contexto, ha demandado medidas fiscales que alivien la situación financiera de los profesionales del campo, señalando que no tiene «sentido» que el Gobierno continúe recaudando vía IVA o impuestos de hidrocarburos mientras el sector se enfrenta «a la ruina».
La organización también ha hecho hincapié en la necesidad de un plan específico para el sector de los cereales, que ha definido como el «más castigado» tras la guerra en Ucrania. Ha recordado que Castilla y León es el «granero de España» y que el sector cerealista requiere «un apoyo decidido para evitar su desaparición» ante el actual escenario de precios internacionales.
El coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha advertido que las explotaciones de la comunidad atraviesan una «crisis sin precedentes». Según ha denunciado, el sector se enfrenta a una situación de «extrema gravedad» marcada por una subida del 60 por ciento en el precio del gasóleo agrícola y de más del 40 por ciento en los fertilizantes en menos de 20 días. Esto ha urgido a la aprobación de una ley que evite la «especulación» de aquellos que se están enriqueciendo «a manos llenas» con productos adquiridos hace meses.
González Palacín ha reclamado que la normativa tenga «un carácter disuasorio» para que «no resulte rentable especular» con los costes de producción, señalando que los dictámenes del Tribunal de la Competencia suelen llegar con años de retraso.
Asimismo, ha insistido en la necesidad de concesión de ayudas «directas y rápidas» para garantizar que los agricultores «puedan seguir sembrando y evitar la paralización de las explotaciones». De no hacerlo, ha advertido que podría ocurrir «una desincentivación de la producción», dado que los profesionales «no están dispuestos a producir pérdidas ni a arruinarse en el empeño».
Por otro lado, la organización ha propuesto la creación de un gran acuerdo que involucre a toda la cadena de valor, incluyendo la distribución, la industria y el sector productor. Este pacto es necesario para repartir responsabilidades y asegurar el abastecimiento de alimentos, enfatizando que todas las administraciones «deben estar a la altura de las circunstancias».
Argumentos que ha compartido también el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Castilla y León, Aurelio González, quien ha solicitado al Ministerio de Agricultura asumir el «sobrecoste de 0,50 euros por litro» del precio del gasóleo desde que comenzó el conflicto en Irán, «mediante la devolución de dicho importe sobre facturas reales de compra».
González ha hecho un llamamiento a la colaboración entre administraciones nacional y autonómica para financiar estas medidas, recordando que las comunidades autónomas perciben el 60 por ciento de los impuestos de los carburantes. También ha demandado la apertura de líneas de financiación con préstamos a interés cero y bonificaciones de capital para paliar la situación de un sector que se está viendo «arruinado» por el encarecimiento de los insumos y los fertilizantes necesarios para la labor de primavera.
SOBRECOSTE
Desde COAG, Lorenzo Rivera ha denunciado que el incremento de los precios del gasóleo y los fertilizantes supone un sobrecoste de 1.000.000 euros diarios para los profesionales de la comunidad. La subida en el gasóleo y los fertilizantes representa un impacto de 2.400.000 euros cada jornada en el conjunto de España, subrayando que Castilla y León es la autonomía con mayor consumo de estos insumos, con una afectación de unos 80 euros por hectárea, que sumada al coste de los abonos complejos, eleva la factura hasta los 100 euros por hectárea.
Por ello, han reclamado al Ministerio de Agricultura ayudas directas basadas en el histórico de consumo real, calificando de insuficientes sus propuestas anteriores de 20 euros por hectárea. «Con eso no vamos a ninguna parte», han advertido, proponiendo que el próximo Consejo de Ministros extraordinario apruebe subvenciones que compensen el encarecimiento actual de los medios de producción.
Finalmente, han recordado que las administraciones tienen una responsabilidad directa en la fiscalidad de los hidrocarburos. Según sus datos, de cada 100 euros de gasto en gasóleo, las comunidades autónomas perciben 26 euros y el Gobierno central 19 euros. Por ello, han instado a ambas instituciones a coordinarse para articular medidas de apoyo y exenciones fiscales para los profesionales.
En el ámbito europeo, las organizaciones han solicitado la creación de una estrategia que garantice el suministro de fertilizantes para reducir la dependencia exterior y han propuesto recuperar mecanismos como el «tope al gas» aplicado al petróleo y a los abonos. La producción agroalimentaria europea está «en peligro» si no se aseguran estas necesidades básicas para el campo.
Finalmente, se ha aludido a la reciente sanción de 20.500.000 euros impuesta por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) a Repsol por «prácticas desleales» tras el inicio de la guerra en Ucrania. A este respecto, se ha reiterado que las denuncias por «especulación feroz» no son «infundadas» y se exige «mayor vigilancia ante los beneficios extraordinarios de las grandes operadoras» cuando el sector primario se enfrenta «a pérdidas».
