GUADALAJARA, 11 de mayo. (EUROPA PRESS) – La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG), junto a Ecologistas en Acción, la Plataforma Aliente y la Plataforma de Afectados por el Parque Solar Fotovoltaico ‘Haza del Sol’, han manifestado este lunes en Guadalajara su rechazo al proyecto fotovoltaico propuesto en Fuentelencina, solicitando una moratoria inmediata que facilite un proceso de diálogo y revisión del expediente.
En la comparecencia, que contó con la asistencia de numerosos agricultores, los colectivos denunciaron la «falta de información» por parte del Ayuntamiento de Fuentelencina, criticaron la actuación de la Junta de Castilla-La Mancha y exigieron públicamente el cese del delegado provincial de Agricultura, Santos López Tabernero, quien también es alcalde del municipio afectado.
Detalles del proyecto ‘Haza del Sol’
El proyecto ‘Haza del Sol’ prevé la instalación de una planta fotovoltaica de 275 hectáreas (2.750.000 metros cuadrados) y una línea de evacuación de 41 kilómetros que atravesaría varios municipios de la provincia hasta conectar con Madrid. Según APAG, el parque representaría una «agresión» al sector agrario, al paisaje y al ecosistema de la Alcarria.
Reclamaciones de APAG
El presidente de APAG, Juan José Laso, argumentó que la infraestructura «no aporta ningún beneficio» a la provincia y que solo servirá para exportar energía fuera del territorio. «Esto va a ser una cicatriz más para transferir energía a Madrid, sin ningún beneficio para los que habitamos el medio rural de Guadalajara», afirmó.
Laso también defendió que el Ayuntamiento todavía tiene herramientas urbanísticas y administrativas para frenar o replantear la instalación, abogando por una moratoria municipal «para abrir un periodo de discusión y diálogo».
Críticas a la doble función de Santos López Tabernero
Uno de los temas más controversiales durante la comparecencia fue la crítica al doble cargo de Santos López Tabernero como alcalde de Fuentelencina y delegado provincial de Agricultura. APAG lo calificó de «incomprensible» dado que quien debería representar institucionalmente al sector agrario respalde un proyecto perjudicial para agricultores y ganaderos.
Laso destacó: «Un delegado de Agricultura tiene que apoyar al sector agrícola y defender las incorporaciones de jóvenes agricultores, no ser un adalid de empresas fotovoltaicas», exigiendo al consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, que cese a Tabernero y explique por qué apoya un proyecto en contra de los intereses agrarios de la provincia.
Preocupaciones de los afectados
La Plataforma de Afectados también denunció que los propietarios y agricultores no tuvieron conocimiento oficial del proyecto hasta febrero de este año, cuando comenzaron a recibir cartas de la empresa promotora sobre contratos de alquiler o posibles expropiaciones. Aurelio Urigoga, portavoz de la plataforma, aseguró que los vecinos se sintieron «desprotegidos» y criticó al Ayuntamiento por no informarles previamente sobre la tramitación.
Urigoga resumió la situación diciendo: «O cedíamos las tierras por 1.000 euros por hectárea o nos las quitaban». Además, destacó que muchos afectados no pudieron presentar alegaciones en fases anteriores porque desconocían la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado, lamentando: «Ningún agricultor de Fuentelencina se lee el BOE todos los días».
Afectados directos e indirectos
Se estima que más de 50 personas están afectadas, incluyendo propietarios, agricultores y explotaciones agrarias vinculadas a la zona del proyecto y a la línea de evacuación. Durante la rueda de prensa, también se advirtieron consecuencias económicas para los jóvenes agricultores que han ingresado recientemente al sector mediante ayudas públicas. Vítor Plaza, representante de Jóvenes Agricultores de APAG y vecino de Fuentelencina, expresó que algunos podrían incumplir compromisos adquiridos con la Administración si pierden sus tierras de cultivo.
Postura de Ecologistas en Acción y la Plataforma Aliente
Tanto Ecologistas en Acción como Aliente respaldaron las críticas y denunciaron «prepotencia» por parte de las empresas promotoras. Se cuestionaron las cartas enviadas a los propietarios, las cuales incluían plazos de 15 días para aceptar acuerdos antes de iniciar posibles expropiaciones.
La organización ecologista aseguró que han trasladado esta situación a la Consejería de Desarrollo Sostenible, criticando la falta de una normativa autonómica clara que proteja a los propietarios frente a este tipo de proyectos. Además, enfatizaron que no se oponen a las energías renovables, sino al modelo de implantación seleccionado.
Preocupaciones medioambientales y procedimientos administrativos pendientes
Los colectivos alertaron sobre posibles impactos en la fauna protegida y en explotaciones ganaderas cercanas, incluyendo una finca de caballos árabes ubicada junto al trazado de la línea de evacuación. Los técnicos de APAG recordaron que el proyecto comenzó su tramitación ambiental en 2021 y obtuvo posteriormente una declaratoria de impacto ambiental favorable con modificaciones. Sin embargo, subrayaron que aún queda pendiente el procedimiento vinculado a la declaración de utilidad pública y las expropiaciones.
Por último, tanto APAG como los demás colectivos han insistido en que existen vías administrativas y municipales para tratar de frenar el proyecto, especialmente a través de alegaciones y de la ordenación urbanística local. Citaron ejemplos de municipios en Guadalajara que han aprobado moratorias o restricciones a instalaciones fotovoltaicas, señalando la contradicción de hablar sobre la España despoblada y permitir la expulsión de agricultores y jóvenes del medio rural.
