MÉRIDA 11 Sep. (EUROPA PRESS) – Cientos de alumnos extremeños han iniciado este jueves el curso escolar 2025/26 sin el transporte escolar para poder llegar a sus centros educativos, lo que ha provocado en muchas ocasiones que sean los padres o familiares quienes los lleven.
La ausencia de autobuses de transporte escolar en algunas de las rutas se enmarca en el conflicto que mantiene la Junta de Extremadura con algunas de las empresas, a las que denunció la semana pasada por no presentarse a las licitaciones de estas rutas, tal como se había establecido en un acuerdo marco.
Posteriormente, y tras convocar una licitación de urgencia en la tarde del pasado martes, la Junta de Extremadura adjudicó el miércoles de forma directa las 223 rutas escolares que habían quedado sin adjudicar.
A pesar de esta adjudicación directa, en varias localidades de Extremadura, como La Nava de Santiago, una treintena de alumnos de ESO y Bachillerato no contaron con el transporte escolar para acudir al instituto en La Roca de la Sierra, por lo que fueron trasladados por sus familiares. La misma situación se ha repetido en municipios como Cabeza la Vaca y otros.
La Junta trasladará al juzgado los incumplimientos
La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, señaló este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura que la Junta decidió denunciar a estas empresas porque no podía «mirar para otro lado ante una situación de amenazas, coacciones y presiones de un grupo minoritario de empresas», que a su juicio «lo que buscaban era alterar los precios del servicio».
Por este motivo, cuando tengan todos los datos, trasladarán al juzgado «los incumplimientos de la resolución por parte de algunas de las empresas», más aún cuando han resaltado que desde su llegada al Gobierno el diálogo con el sector del transporte escolar «ha sido total», alcanzando un acuerdo marco «firmado por todas las partes», que «actualizaba los precios, subiéndolos de media un 20 % y en algunas rutas hasta un 50 % respecto a 2016», declaró la consejera.
En este sentido, Vaquera reiteró que se trata de «un grupo minoritario de empresas que, a pesar de que se sumaron a esta homologación», finalmente «no han querido licitar a los precios marcados», ante lo cual, la Junta de Extremadura seguirá «actuando con responsabilidad, pero también con firmeza, gestionando con responsabilidad el dinero público, mirando por los alumnos, las familias extremeñas y el interés de las empresas que están trabajando con responsabilidad y honestidad», concluyó.
