VALLADOLID 2 Feb. (EUROPA PRESS) – La Diputación Permanente de las Cortes ha convalidado este lunes en votación a mano alzada y por unanimidad el Decreto-Ley de la Junta de Castilla y León, que establece un incremento salarial para los años 2025 y 2026 para todo el personal público de la Comunidad Autónoma, por un importe global de 403 millones de euros.
Detalles del Incremento Salarial
Esta subida salarial incluye al personal de las universidades públicas y de los colegios concertados, en consonancia con los acuerdos de analogía retributiva en los conciertos educativos. El desglose del incremento establece 340 millones en el capítulo I (gastos de personal) y otros 63 millones en el capítulo IV (transferencias corrientes).
Posicionamiento del Gobierno y la Oposición
El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado que el Decreto-Ley de 18 de diciembre de 2025 responde «inmediatamente» a la normativa básica aprobada por el Gobierno nacional a través del Real Decreto-Ley de 2 de diciembre. Sin embargo, grupos de la oposición han calificado la norma de «migajas», como aseguró el PSOE; de «treta y farsa», según Vox; y de «timorata», a juicio de UPL.
Comentarios sobre el Proceso de Aprobación
Fernández Carriedo ha puntualizado que el Decreto-Ley discutido este lunes se centra «exclusivamente» en su contenido original, evitando incluir otras cuestiones que pudieran generar desavenencias entre los grupos parlamentarios. Ricardo Gavilanes, portavoz del Grupo Popular, criticó también el «popurrí» de temas incluido en otros decretos del Ejecutivo central.
Reacciones de los Grupos Políticos
Patricia Gómez Urbán, portavoz del Grupo Socialista, argumentó que la subida salarial se debe a las políticas nacionales del Gobierno de España, y no a la Junta, enfatizando el esfuerzo de los empleados públicos, a quienes describió como «la verdadera marca España». También señaló que el Partido Popular ha estado intentando privatizar y vender el sistema público.
Por su parte, el portavoz de Vox, David Hierro, criticó la forma en que la Junta tramita el incremento salarial, calificándolo de «Decreto-Ley por la puerta de atrás» y «apenas a un mes de las elecciones». Hierro se preguntó si este es el modelo de estabilidad que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, propone para el futuro de Castilla y León.
En cuanto al Grupo Parlamentario UPL-Soria ‘Ya’, Luis Mariano Santos describió el incremento salarial como «timorato» y «sin ambición», señalando que es un «quiero y no puedo» que podría mejorarse sustancialmente. Concluyó que la tramitación vía Decreto-Ley refleja una política basada en «la debilidad de una minoría».
Santos añadió que si el Gobierno realmente quisiera reconocer el trabajo de los empleados públicos, habría planteado complementos salariales que mejoraran sus condiciones laborales, insinuando que esta medida es más retórica que efectiva.
