La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han defendido en el Tribunal Supremo (TS) no haber dado órdenes durante sus mandatos como presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente, para comprar mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama. Este juicio comenzó este martes, donde José Luis Ábalos y Koldo se enfrentan a peticiones de pena de hasta 30 años de cárcel. Para Aldama, se piden 7 años, ya que ha reconocido los delitos.
Armengol ha indicado en su escrito, según lo leído ante el tribunal, que como presidenta del Govern balear durante la pandemia no estaba al tanto de la tramitación de ningún expediente administrativo y no dio indicaciones sobre a quién se debía contratar, «ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro». Además, ha señalado que supo por los medios de comunicación de la contratación de Soluciones de Gestión, y ha expuesto que las decisiones sobre la adquisición de material sanitario fueron de los órganos competentes del Servicio de Salud «bajo criterios técnicos y legales».
La expresidenta autonómica ha agregado que se trasladó a los miembros del Govern balear que «cualquier contacto u oferta que llegase se derivase al Servicio de Salud, el encargado de evaluar la conveniencia y viabilidad de las propuestas recibidas». Aclaró que poco después, el señor García, al que no conocía, contactó con la administración autonómica ofreciendo la posibilidad de realizar una operación de compra de material sanitario desde el ministerio, lo que parecía responder a la demanda de material.
Seis años después, Armengol asegura no recordar todas las comunicaciones que tuvo en aquella época, aunque no descarta que entre esas personas «pudiese encontrarse García». Reconoció que posteriormente se enteró, a través de publicaciones del sumario en medios de comunicación, que al parecer le envió algún mensaje a través de la aplicación WhatsApp.
Armengol nunca habló con Ábalos sobre mascarillas
Armengol ha subrayado que «nunca» habló con Koldo «ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra», y sobre Ábalos ha afirmado igualmente que «nunca» tuvo conversación «sobre ninguna contratación de material sanitario». «Ni él me mencionó la posibilidad de llevarla a cabo y, obviamente, tampoco me hizo referencia a ninguna empresa suministradora», ha añadido. En ese tiempo, las únicas comunicaciones que tuvo con el entonces ministro de Transportes fueron «referidas esencialmente al cierre de puertos y aeropuertos».
Respecto a Aldama, Armengol ha expresado que desconocía su papel y que tampoco «nunca» participó en «conversación alguna sobre la contratación objeto de juicio». «Mientras he sido presidenta de las Islas Baleares, nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Por tanto, en esta afirmación, incluyo, claro está, a la sociedad Soluciones de Gestión», aseveró en alusión a la empresa vinculada a Aldama, que cobró 3,7 millones de euros de Baleares por material sanitario.
Además, ha agregado que, como máxima dirigente de Baleares, no recibió ningún tipo de orden o presión para realizar contrataciones. «Tampoco tuve conocimiento de que algún cargo público o persona vinculada a la administración recibiese órdenes o presionase para que se comprara a determinados proveedores», ha insistido. También destacó que, durante la pandemia, «el mercado ordinario y los canales de compra habituales habían desaparecido», y se debía adquirir el material a través de contrataciones de emergencia, compitiendo a nivel mundial.
Torres defiende que la compra en Canarias se hizo con rigor
Por su parte, Torres ha repasado en su declaración los distintos pedidos de mascarillas que hizo el Servicio Canario de Salud a Soluciones de Gestión. El expresidente canario ha indicado que la empresa vinculada a Aldama entregó más de 5 millones de mascarillas por un importe de 12,3 millones de euros, de los cuales 11,8 millones correspondieron al suministro de mascarillas y 447.061 euros a gastos de transporte.
Torres ha manifestado que, como presidente de Canarias, fue conocedor de los expedientes de contratación cuando Koldo contactó con él en julio de 2020 para expresarle «su preocupación por la falta de respuesta e incumplimiento de condiciones contractuales» con Soluciones de Gestión. Aclaró que fue «el único representante del Ministerio de Transportes que lo hizo».
Al recibir esta preocupación y verificar los compromisos pendientes de cumplimiento entre el Servicio Canario de la Salud y la mercantil Soluciones de Gestión, hizo un seguimiento de estos expedientes para asegurar que se daba la correcta respuesta administrativa, respetando siempre las decisiones de los servicios técnicos y jurídicos del Servicio Canario de la Salud. Intervino en el proceso «para hacer seguimiento del expediente en un momento posterior a su contratación», pero defendió que «en todo este proceso no di ninguna orden ni formalicé ninguna resolución a favor de la mercantil».
Torres aseguró que esas actuaciones de seguimiento de expedientes con problemas de cumplimiento fueron habituales en sus actuaciones en esa época, y remarcó que «todas las instancias administrativas fiscalizadoras que han auditado estos expedientes» han concluido que «fueron realizados con rigor técnico y administrativo». El Supremo autorizó que Armengol y Torres testificaran por escrito, tras solicitar no acudir a declarar de forma presencial debido a su condición de expresidentes de Baleares y Canarias, así como por sus actuales cargos.
