La situación actual de la justicia en Castilla-La Mancha se encuentra en un estado crítico, con carencias significativas en la infraestructura y la plantilla de jueces. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha señalado que a partir del 1 de enero de 2024 se prevé una falta de al menos 45 plazas de jueces debido a la implementación de la tercera fase de la ley de Eficiencia. Esta situación, según Astray, podría perjudicar gravemente la prestación del servicio judicial en la región.
Astray ha expresado su preocupación en una reciente entrevista, donde argumenta que, aunque la ley busca hacer más eficiente la justicia en el país, su efectividad es cuestionable si no se acompaña de un presupuesto adecuado. La escasez de recursos humanos impide una distribución equitativa de la carga de trabajo y afecta la capacidad para resolver casos en distintas áreas, incluyendo la mercantil y la laboral. «Queda por hacer bastante», ha subrayado, destacando que sin un aumento en el número de jueces, la ley parece condenada al fracaso.
La justicia en Castilla-La Mancha ha pasado por varias fases de reforma desde 2025, pero aún queda por abordar la tercera fase, que se prevé compleja. La presidenta ha aseverado que continuar con una legislación que carece de recursos hace muy difícil alcanzar los objetivos propuestos. «Una ley que viene con cero presupuesto dificulta cumplir las expectativas», ha añadido.
La falta de recursos se ha traducido en un reconocimiento de las demandas por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha clasificado 10 de las solicitudes como prioritarias, pero aún así, se enfrenta a un importante déficit. «Hemos pedido la reconsideración de otras 5 solicitudes que consideramos imprescindibles pero que no son prioritarias», ha dicho Astray.
Astray también ha reflexionado sobre la necesidad de que los poderes políticos tomen conciencia de la importancia de dotar a los juzgados de más plazas de jueces. Tal acción podría estimular la inversión y el desarrollo económico de la región, ya que una justicia más rápida y eficiente beneficia tanto a los ciudadanos como a las empresas.
«Para la población, es mucho mejor mantener una estructura que resuelva los conflictos pronto», ha insistido, mostrando un enfoque pesimista hacia un cambio en la situación actual. Con más de tres décadas en la carrera judicial, se ha mostrado escéptica ante la posibilidad de una pronta mejora.
La rapidez en la resolución de litigios es crucial para transmitir un sentimiento de seguridad a los ciudadanos, destacan sus palabras. «Que se ejecuten las penas con rapidez y celeridad también importa al ciudadano, así como las relaciones laborales y los conflictos familiares», ha enfatizado.
«PUNTOS NEGROS» EN EDIFICIOS JUDICIALES
Las demandas de Astray no se limitan únicamente a la necesidad de aumentar la plantilla de jueces. Las infraestructuras judiciales en Castilla-La Mancha también requieren una atención urgente. Según relata, aunque se ha conseguido financiación para la reforma de los juzgados de Torrijos y hay mejoras en marcha en Illescas y Talavera, persisten otros «puntos negros» que necesitan inversión.
Entre las áreas que requieren atención se encuentra la planta baja del edificio de los juzgados de Toledo, cuya capacidad se ha vuelto insuficiente para las nuevas plazas. Además, la capital regional enfrenta un crecimiento poblacional constante, lo que complica aún más la situación.
Actualmente, se están utilizando alquileres provisionales para solucionar el problema de espacio, pero Astray advierte que estas son soluciones costosas y poco eficientes para el servicio público. «El Instituto de Medicina Legal de Albacete es otro punto negro, ya que necesitamos un edificio donde prestar servicios con dignidad», ha subrayado.
Por último, Astray ha hecho hincapié en la importancia de seguir avanzando en digitalización y accesibilidad. «Queda mucho camino por recorrer y debemos implementar la inteligencia artificial en los procesos de tramitación guiada, lo que haría todo más rápido», concluyó la presidenta, dejando entrever que una modernización integral de la justicia es fundamental para afrontar los retos futuros.
