Archivo – La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto al Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana Duro (2d), visita el Centro Integrado de Formación Profesional Simone Ortega de Móstoles, a 9 de septiembre de 2- Alejandro Martínez Vélez – – Archivo
Madrid, 19 (Europa Press)
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios del Ejecutivo central. Este recurso se fundamenta en consideraciones de «arbitrariedad» y en la «vulneración» de las competencias autonómicas.
El Consejo de Gobierno ha recibido un informe sobre las acciones legales emprendidas por la Abogacía General regional contra esta norma, que según el Gobierno regional, «limita injustificadamente» la libertad de empresa y la creación de centros educativos, tal como está reconocida en la Constitución Española.
Desde el Ejecutivo autonómico se argumenta que este real decreto afecta la seguridad jurídica y ha sido elaborado «sin ningún tipo de negociación o consenso». Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno autonómico, ha afirmado que esta normativa es «puramente ideológica» y no se dirige a mejorar la «verdadera calidad» de los centros educativos.
El recurso señala que el artículo 27 de la Constitución Española otorga a las comunidades autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado solo debería «fijar la normativa básica».
Sin embargo, el nuevo real decreto excede ese marco y deja poco margen a las comunidades para auto-regularse. Incluye exigencias como la obligación de que los centros tengan un mínimo de 4.500 estudiantes. Este requisito ha sido calificado por el Gobierno regional como arbitrario y como una medida que no responde al interés de mejorar la calidad de las universidades españolas.
Asimismo, se considera que el proyecto de este real decreto ha sido tramitado «con opacidad, sin consulta pública previa y sin contar con las comunidades autónomas». En este aspecto, el Gobierno regional ha destacado que el procedimiento para la creación de nuevas universidades y centros universitarios en la Comunidad de Madrid establece controles «muy rigurosos», garantizando así la «excelencia» de los proyectos aprobados.
Desde la Consejería que dirige Emilio Viciana, se ha defendido que la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia, en la que actualmente están trabajando, «incorporará mejoras» a estos trámites, siempre dentro del marco de las competencias regionales.
