La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este martes dimisiones y responsabilidades en el Gobierno de la nación por la «chapuza» de las pulseras antimaltrato, que han dejado «desprotegidas» a las mujeres. Esta declaración se produjo en un evento celebrado en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, donde se hizo eco de la preocupación generada por el mal funcionamiento de estos dispositivos.
Ayuso se expresó tras conocer que la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, había enviado una carta al Ministerio de Igualdad. En dicha carta, solicitó información sobre cuántos maltratadores se han beneficiado de este fallo desde el 20 de marzo de 2024, haciendo especial referencia a la Comunidad de Madrid. Además, reclamó datos oficiales sobre cuántas mujeres y procesos judiciales «se han visto afectados» en la región, instando a la dimisión de la ministra, Ana Redondo.
La presidenta madrileña calificó de «una verdadera chapuza» el hecho de que haya habido mujeres víctimas de violencia de género que se han encontrado «desprovistas, desprotegidas y en peligro». «Esto pide una dimisión y responsabilidades políticas, sin ninguna duda», comentó, enfatizando la gravedad de la situación.
Carta de Dávila
Esta mañana, Dávila mostró su «máxima preocupación» tras la alertación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que en su Memoria de 2024 reportó absoluciones de acusados debido a «múltiples fallos» detectados en estos dispositivos telemáticos. Dávila advirtió que esta «deficiente» gestión ha puesto en riesgo la vida y la seguridad de mujeres y de sus hijos en toda España.
«Cada día que pasa sin respuestas seguimos sumando riesgo, inseguridad e incertidumbre en la vida de las mujeres. Deben aclarar, con detalle y transparencia, cada paso dado para la adquisición de los terminales y la gestión del servicio, así como el proceso en la migración de datos entre las empresas que han gestionado el sistema», subrayó.
Decisiones «irresponsables»
La consejera Dávila enfatizó que lo que ha ocurrido no es un fallo técnico aislado, sino parte de una «larga cadena de decisiones irresponsables desde el Ministerio de Igualdad», responsabilizando al Gobierno de Pedro Sánchez por el daño causado a las mujeres en democracia. Añadió que el Ejecutivo central ha intentado «ocultarlo y minimizarlo» pese a las advertencias reiteradas de las víctimas y de distintas fiscalías.
Dávila describió la situación como «negligencia premeditada, consciente y encubierta», lo que califica como impropio de una democracia avanzada. Afirmó que el Gobierno de España «ha traicionado su deber más elemental» que es el de proteger a las víctimas. Por tal motivo, solicitó la dimisión de Redondo, argumentando que «las mujeres no pueden ver peligrar su vida por la incompetencia de su Gobierno».
