La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no se presentó a la cita de este sábado ante el juez Juan Carlos Peinado, quien debía informarle sobre los términos del juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora. La situación genera incertidumbre ya que, si se llega a juicio, será un jurado popular quien decidirá su destino, en lugar de un tribunal compuesto únicamente por jueces.
En este caso, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid había convocado a las partes a las 18:00 horas para llevar a cabo un trámite legal. La incertidumbre sobre la presencia de Gómez ante el juez se mantuvo hasta el último momento, optando finalmente por ser representada por su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.
Junto a ella, otros dos investigados, la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, también decidieron no presentarse y enviar a sus respectivos letrados. Según informaron fuentes jurídicas, el juez esperaba que los acusados acudieran físicamente, al considerar que era su obligación legal.
La defensa se ampara en una circular de la Fiscalía
Las defensas se apoyaron en una circular de la Fiscalía del 29 de diciembre de 1995 sobre el proceso ante el tribunal del jurado, que estipula que la presencia de los investigados en la comparecencia no es indispensable. Esta circular argumenta que durante estas comparecencias solo se concretan los términos de la imputación, siendo suficiente la presencia de la defensa, ya que no se llevan a cabo diligencias de instrucción ni la declaración del imputado.
En la comparecencia, el juez escucha a la Fiscalía y al resto de acusaciones, incluyendo la acusación popular dirigida por Hazte Oír, que es quien detallará la imputación. Posteriormente, se da la palabra a las defensas, que pueden solicitar el archivo del caso, así como pedir diligencias de investigación adicionales.
Esta vista se efectuó seis meses después de que el juez abriera la pieza separada para investigar la contratación de Álvarez. En mayo, se acordó investigar a Martín Aguirre por malversación, y aunque en un principio no se atribuía este delito a Gómez y Álvarez, en agosto se formalizó la imputación.
Solicitudes de las acusaciones populares
Por su parte, las acusaciones populares, bajo la dirección letrada de Hazte Oír, están considerando pedir nuevamente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declare como testigo, en el marco de una serie de diligencias de investigación prevista en esta pieza separada. Luis Pardo, abogado de Iustitia Europa, ha declarado que pedirán diligencias «sustanciales» y «imprescindibles» que deberían reanudarse, al tiempo que ha resaltado la importancia de obtener informes sobre los correos electrónicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil relacionados con el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio.
El juez Peinado ha subrayado que aún está pendiente de recibir correos de Gómez y un listado de las personas que han autorizado el pago de las retribuciones de Álvarez, así como los que han ocupado el cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018 hasta la actualidad.
El juicio por malversación, una opción reconfortante
Pardo ha destacado que la presencia de las acusaciones populares en este trámite es crucial, dado que su ausencia podría haber llevado a un posible archivo del caso. Asimismo, enfatizó que es «reconfortante» que, si hay juicio por malversación, este se realice ante un jurado popular. La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, también señaló que es el pueblo quien debe acusar y juzgar la malversación.
En la víspera del juicio, Gómez y otros manifestantes en los juzgados levantaron banderas españolas y gritaron lemas en contra del presidente del Gobierno. Curiosamente, la fecha coincidió con el cumpleaños del juez Peinado, quien cumplía 71 años, lo que llevó a algunos manifestantes a entonar el ‘Cumpleaños Feliz’ en su honor.
