La Comisión Europea ha reclamado este viernes a España más medidas para fortalecer la lucha contra la corrupción de alto nivel y endurecer las normas sobre conflictos de interés de altos cargos, a la luz de los avances «limitados» de las reformas emprendidas hasta ahora. Estas recomendaciones fueron publicadas en el informe anual sobre el Estado de derecho en los Veintisiete, aunque no son vinculantes para los gobiernos.
BRUSELAS, 17 (EUROPA PRESS)
En el capítulo dedicado a España, los servicios comunitarios constatan «algunos avances» para reducir los tiempos de las largas investigaciones y procesos de corrupción de alto nivel, incluido el aumento de plantillas y reformas legislativas. Sin embargo, para Bruselas son necesarias más medidas debido a que «persisten los desafíos» y la tramitación de estas reformas está siendo lenta.
Así las cosas, el Ejecutivo comunitario recomienda a España que impulse el proceso legislativo para revisar el Código Procesal Penal con el fin de fortalecer el marco para las investigaciones y los enjuiciamientos por casos de corrupción de alto nivel, con miras a reducir las demoras.
Además, considera que no se ha avanzado lo suficiente en el fortalecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de altos cargos ejecutivos. En este ámbito, la Comisión de Ursula von der Leyen ve pasos «limitados» y lamenta que, a pesar de iniciativas como el Plan Estatal de Anticorrupción, la «aplicación práctica de la normativa vigente no ha mejorado».
Por ello, Bruselas sugiere que España impulse el proceso legislativo para reforzar la normativa sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de las personas con altas funciones ejecutivas, además de «garantizar la independencia y la eficacia de las facultades de detección y sanción del organismo supervisor competente».
CRÍTICAS DE POLÍTICOS QUE DAÑAN LA CONFIANZA EN LOS JUECES
En el informe de este año, al igual que en las dos ediciones anteriores, la Comisión se hace eco de la «preocupación» entre jueces y profesionales del derecho por las «declaraciones públicas de políticos», incluido el Gobierno, que critican las decisiones judiciales. «Miembros del poder judicial, incluyendo el Tribunal Supremo, el CGPJ, las asociaciones de jueces, así como el Tribunal Constitucional, siguen señalando que las declaraciones contra jueces individuales contribuyen a la erosión de la confianza pública en el poder judicial», recoge el documento publicado este viernes por Bruselas.
Además, los servicios comunitarios toman nota de las informaciones remitidas por el Tribunal Supremo sobre acusaciones de «lawfare» (guerra judicial) y críticas personales dirigidas contra sus magistrados, «especialmente tras recientes sentencias de gran repercusión».
En este contexto, se advierte que, de acuerdo a los estándares europeos, la «crítica» es parte del debate normal democrático, pero «los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar las críticas que socaven la independencia o la confianza pública en el poder judicial».
«Asimismo, todos los órganos del Estado, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial, deben aplicar el respeto mutuo para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones constitucionales y proteger la confianza que el público en general deposita en ellas», concluye el informe sobre esta situación.
REFORMAS AÚN PENDIENTES PARA EL CGPJ Y FISCALÍA GENERAL
La evaluación realizada por el Ejecutivo comunitario sobre la situación democrática en España también advierte al Gobierno de que sigue pendiente la reforma sobre el sistema de elección de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se pide al Gobierno de Pedro Sánchez que «impulse el proceso de adaptación del procedimiento de nombramiento de los magistrados» del CGPJ a los estándares europeos, incluidas las orientaciones de la Comisión de Venecia que abogan por que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales.
Al respecto, los servicios comunitarios toman nota de que ha habido «algunos avances», dado que el órgano de gobierno de los jueces recibió orientaciones específicas de la Comisión de Venecia. Sin embargo, apuntan que «no se ha alcanzado un consenso» que permita finalizar el proceso e insisten en que «queda por adoptar una reforma», en referencia al acuerdo logrado entre PSOE y PP con la mediación de Bruselas hace dos años para desbloquear la situación.
El examen de Bruselas a España también destaca los «avances significativos» en el fortalecimiento del estatuto de la Fiscalía General, gracias al proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que deja las investigaciones penales en manos de fiscales y amplía a cinco años el mandato del fiscal general para desvincularlo del Gobierno.
A pesar de ello, Bruselas señala que la reforma sigue su tramitación parlamentaria y no ha sido aprobada todavía, por lo que «recomienda a España que continúe sus esfuerzos para fortalecer el Estatuto de la Fiscalía General, en particular en lo que respecta a la separación de sus mandatos».
Otras de las mejoras que reclama la Comisión en el caso de España están relacionadas con avanzar en la ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, que aún está pendiente de aprobación parlamentaria, puesto que se perciben «avances limitados» en el control de los ‘lobby’ y se reclama un «registro público obligatorio de lobistas».
Se observan «avances significativos» en el fortalecimiento del acceso a la información, especialmente mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, y se solicita completar esos esfuerzos con la adopción de esa ley y la de Administración Abierta, «teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a los documentos oficiales».
Respecto al pluralismo y la libertad de medios, el informe comunitario menciona las quejas sobre los «riesgos relacionados con la independencia editorial y la injerencia política en las emisoras de radio y televisión de propiedad pública» tanto a nivel nacional como regional. En referencia a RTVE, se apunta que «si bien el Gobierno destaca el funcionamiento normal» de la cadena desde la adopción de la reforma, «las partes interesadas señalan riesgos para la independencia editorial y la injerencia política».
BRUSELAS «RESPETA Y ACATA» EL AVAL DEL TJUE A LA LEY DE AMNISTÍA
El informe se ha publicado un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara en dos sentencias que la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) no choca con el Derecho comunitario ni afecta a fondos europeos. Este aval de la justicia europea ya aparece recogido en el documento, aunque de forma descriptiva, sin valoraciones en profundidad.
Sin embargo, en la rueda de prensa para presentar el texto, el comisario de Justicia, Michael McGrath, ha afirmado que el Ejecutivo comunitario «respeta y acata» las sentencias del Alto Tribunal europeo, incluidas las pronunciadas el día anterior sobre la ley de amnistía.
El comisario ha recordado que aún quedan dos cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía pendientes de resolución ante el TJUE, pero ha añadido que corresponde a los tribunales nacionales que remitieron las consultas ejecutar las decisiones del Alto Tribunal europeo.
McGrath ha señalado que desde el Ejecutivo comunitario «seguirán de cerca» la evolución de los casos y ha evitado valorar el fondo de las decisiones tomadas por la Gran Sala del TJUE. Durante la vista celebrada hace un año en Luxemburgo, el abogado de la Comisión Europea cuestionó si la norma respondía a un objetivo de interés general.
