VALÈNCIA, 10 Sep. – Los Ayuntamientos de Burjassot y Mislata, en la provincia de Valencia, han calificado de «vergüenza» la decisión de la Generalitat de recurrir ante el Tribunal Supremo el aval del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al Plan Edificant, que contempla la realización de obras en colegios.
El recurso de la Generalitat afecta al CEIP Fernando de los Ríos en Burjassot. Según el consistorio, esta decisión ha llevado a la paralización de la reforma de este centro educativo. «El recurso de casación dilata aún más el inicio de las mismas», lamentaron en un comunicado.
En Mislata, la situación es similar, ya que el recurso afecta a las obras previstas en el CEIP L’Almassil, el CEIP Gregorio Mayans, el IES Molí del Sol y el Centro Público de Formación de Personas Adultas. El Ayuntamiento ha anunciado acciones legales para reiniciar el Plan Edificant y, además, advirtió que si el Tribunal Supremo admite el recurso, exigirá la dimisión de la consellera de Justicia, Nuria Martínez.
La Abogacía General de la Generalitat ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra las sentencias emitidas en julio por el TSJCV, que avalaban las delegaciones de obras del Plan Edificant a ayuntamientos hechas por el Consell del Botánico en funciones.
El alcalde de Burjassot, Rafa García, criticó duramente la decisión de la Generalitat, afirmando que es «una vergüenza» que se deje a los alumnos sin la reforma de los centros. Recordó que el TSJCV falló a favor del Ayuntamiento, señalando que la paralización de las obras de mejora no era legal.
«A su juicio, es inaceptable que la administración responsable del bienestar y seguridad de los niños ponga obstáculos en lugar de facilitar soluciones. En vez de arreglar e invertir, recurre y alarga el procedimiento de manera sospechosa», sostuvo García.
Se mostró en contra de la falta de interés por parte de la Generalitat por mejorar los centros educativos, cuestionando por qué se mantiene a los niños en edificios de más de 50 años que no cumplen con las condiciones necesarias. «¿Por qué la Generalitat no arregla sus colegios? ¿No tienen dinero? ¿No quieren educación pública? ¿Les da igual que un niño pueda pasar frío, calor, o tener malas instalaciones?», interpeló.
A pesar de la adversidad, García aseguró que no se rendirán y continuarán luchando por las mejoras que la comunidad educativa de Burjassot merece.
RECHAZO FRONTAL
Desde Mislata, también se ha criticado que el recurso inicial ya provocó la «paralización» de las reformas en los cuatro centros, y que el recurso ante el TS solo está dilatando aún más el inicio de estas obras.
Los responsables municipales expresaron su «rechazo frontal» a la decisión de la Generalitat, la cual afecta directamente a 3,3 millones de euros destinados a desbloquear y ejecutar mejoras en los centros. Definieron esta situación como «inaceptable» y pidieron a la Generalitat que deje de poner «obstáculos» a inversiones que consideran «absolutamente necesarias».
Carlos Fernández Bielsa, el alcalde de Mislata, declaró: «Es una vergüenza que la Generalitat tenga bloqueados 3.300.000 euros que deben servir para mejorar los centros educativos. No se trata de cifras sobre un papel, sino de obras y mejoras que necesitan nuestros centros y nuestras familias».
Fernández Bielsa insistió en que la Generalitat debería priorizar el desbloqueo de inversiones en vez de recurrir a los tribunales, reclamando soluciones concretas para las mejoras educativas. Subrayó que Mislata ha hecho su trabajo al defender la mejora de sus centros y ahora corresponde a la Generalitat actuar.
El Ayuntamiento de Mislata considera especialmente grave que estas acciones afecten a diferentes etapas educativas en la ciudad, abarcando desde la educación infantil y primaria hasta la secundaria y la formación de personas adultas.
«Estamos hablando de toda una comunidad educativa: niños, jóvenes, docentes, familias y personas adultas que tienen derecho a estudiar en condiciones adecuadas. Todos ellos merecen que las administraciones estén a su lado, en lugar de hacerles esperar indefinidamente», concluyó el alcalde.
Desde el Ayuntamiento de Mislata han afirmado que continuarán defendiendo los intereses de su comunidad y reclamarán que los fondos sean desbloqueados para destinarse lo antes posible a los centros educativos. «Mislata no se quedará callada», advierten y prometen acciones legales necesarias para asegurar que se reinicie el Plan Edificant.
