El Gobierno de Castilla-La Mancha ha respondido con tranquilidad ante el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la futura rebaja por ley de las horas lectivas del profesorado. Según han declarado, esta reducción ya estaba contemplada en los compromisos previos del Ejecutivo regional con las organizaciones sindicales antes de que se hiciera el anuncio oficial. Además, han solicitado financiación al Gobierno central para implementar el nuevo horario lectivo.
Amador Pastor, consejero de Educación, Cultura y Deportes, se expresó al respecto durante una visita al CEIP ‘Rosa Chacel’ en Illescas. Aclaró que la nueva ley educativa, que establece un límite de 23 horas en Primaria y 18 horas en ESO y Bachillerato, implicará cambios normativos necesarios ya que la legislación actual solo consideraba estas horas como recomendación.
Pastor enfatizó que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya había llegado a un acuerdo con los sindicatos ANPE, UGT y Comisiones Obreras, por lo que el anuncio del Gobierno de España se alinea con el calendario que se había configurado previamente. También subrayó que la medida requiere recursos económicos para compensar el costo de adaptar los horarios lectivos a 18 horas para Secundaria y 23 horas para Primaria. “Cada hora lectiva representa un gasto importante. Esperamos que el Gobierno de España garantice esta financiación, que debe estar marcada por ley como obligación y no solo como recomendación”, puntualizó Pastor.
Bajada de Ratios
En lo que respecta a la reducción de las ratios en las aulas, Pastor confió en que en la próxima conferencia sectorial se pueda definir más claramente este aspecto. Destacó que Castilla-La Mancha ha dado un “paso hacia adelante” con una bajada de ratios sin precedentes y resaltó el trabajo conjunto con sindicatos y la comunidad educativa para hacer posible esta mejora.
Sin embargo, el consejero hizo hincapié en que lo más relevante es que cualquier medida impulsada desde el Gobierno central esté acompañada de cobertura financiera. Así, las comunidades autónomas podrán implementarla de manera efectiva gracias a las partidas presupuestarias que permitan afrontar los retos establecidos por las leyes nacionales.
Medidas contra el Calor
Por otro lado, Pastor informó que un total de 45 centros educativos en la provincia de Toledo han participado en la segunda convocatoria del Plan de Acción frente al Cambio Climático, iniciativa promovida por el Gobierno de Castilla-La Mancha. Este plan contempla una inversión cercana a los 4.000.000 euros destinada a la aclimatación de espacios en estos centros educativos de segundo ciclo de Infantil y Primaria, distribuidos en 36 municipios.
La obra de refrigeración del CEIP ‘Rosa Chacel’ tendrá un coste de más de 149.000 euros. En total, se intervendrá en siete centros educativos en Illescas, con una inversión superior a los 970.000 euros. El Plan de Acción tiene como objetivo conceder ayudas a los ayuntamientos responsables de estos centros y está cofinanciado por los fondos Feder, contando con un presupuesto de 49.800.000 euros.
Este plan busca potenciar las energías renovables y facilitar una transición energética limpia en los centros educativos municipales, favoreciendo además el confort del alumnado. Las inversiones financiables incluyen la instalación de sistemas de refrigeración mediante energías renovables, así como instalaciones fotovoltaicas y sistemas de monitoreo de consumo energético.
En esta segunda convocatoria se beneficiaron 129 centros educativos en 97 municipios de la región, con una inversión total de más de 9.500.000 euros, igualmente financiados en el marco del Programa Feder Castilla-La Mancha 2021-2027. Esta estrategia se integra en un plan más amplio para mejorar la eficiencia energética de los centros educativos y adaptarlos al cambio climático. Este plan también prevé inversiones significativas, como más de 30.000.000 euros a través del Plan de Infraestructuras para optimizar la eficiencia energética de los edificios, 3.500.000 euros para instalar sistemas de refrigeración en centros de Secundaria y 575.000 euros en 11 centros de Educación Especial.
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