El consejero de Emergencias, Manuel Miranda, en el Pleno del Parlamento – GOBIERNO DE CANARIAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) – Los cabildos han avalado este martes —con las dudas de Gran Canaria— en la Comisión General del Parlamento de Canarias un decreto ley del Gobierno regional que modifica la Ley del Suelo para ampliar plazos de tramitación de planes urbanísticos y que las cooperativas tengan un plazo de dos años para adaptar sus estatutos a la ley autonómica.
El consejero de Política Territorial, Aguas y Emergencias, Manuel Miranda, ha afirmado que se «sigue trabajando» en la reforma de la Ley del Suelo, pero entiende que este decreto servirá a muchos ayuntamientos para aprobar sus planes generales, como ha sucedido recientemente con San Bartolomé (Lanzarote) y San Miguel (Tenerife). Además, ha comentado que en el mismo sentido se trabaja con los planeamientos de Arrecife, La Orotava y Mazo.
Para Miranda, el decreto ley es «necesario, excepcional y proporcionado» y va a evitar la «espada de Damocles» que representan las limitaciones temporales para las tramitaciones urbanísticas.
La vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, Ana González, ha compartido la filosofía de fijar plazos para tramitar planes y proyectos urbanísticos, aunque la «realidad administrativa demuestra que no todos los territorios parten de las mismas condiciones». En el caso de El Hierro, hay una estructura administrativa «reducida» y con «dificultades objetivas» para licitar obras públicas, lo que alarga los plazos de tramitación.
González entiende que el decreto ley «corrige esta disfunción de manera equilibrada y prudente» pues permite la prórroga de dos años del informe ambiental estratégico, subrayando que no se trata de una «desregulación ambiental» sino que «sólo se prorroga cuando todo sigue igual» en materia territorial.
La consejera de Presidencia, Ordenación del Territorio, Accesibilidad Informática y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, Nereida Calero, no ha planteado «ninguna objeción» a la ampliación de plazos urbanísticos y reflexionó sobre el hecho de que el Parlamento elabora leyes «con la mejor de las intenciones», pero que luego «pueden causar unos daños que son una absoluta locura».
María Miranda, consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, lamentó que se debata «más de lo mismo», en referencia a otra modificación de la Ley del Suelo sin acometer una reforma estructural, a pesar de que ya se advirtió en 2017 que iba a ser una ley «conflictiva» que iba a «judicializar» el planeamiento.
En esta línea, ha criticado al Gobierno por «toquetear la Ley del Suelo» sin que haya una «urgencia» que lo precise, según el Consejo Consultivo, y ha mencionado que es «doloroso» para una administración pública iniciar un proceso «desde cero» cuando hay una nulidad. «Le ruego al Gobierno y al Parlamento que por favor se tomen en serio el Parlamento, y lo digo con mucho respeto. No podemos gobernar y no podemos planificar como se está haciendo, ya lo avisamos en 2017. Han acabado con el planeamiento para que los proyectos sean los que manden en el territorio», ha declarado.
El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, mostró su apoyo al decreto ley, asumiendo que el planeamiento en Canarias es «muy complejo» y que debe ir corrigiéndose «poco a poco» en el Parlamento para que los procedimientos ambientales «no se alarguen y caduquen». Según Curbelo, «estamos pidiendo una agilidad increíble para construir viviendas cuando hay ayuntamientos que tardan dos años o más en otorgar una licencia». Se ha mostrado partidario de «revisar» todas las cuestiones relacionadas con el planeamiento y de «dimensionar» la realidad de cada isla.
LANZAROTE: ES UNA NORMA «CRUCIAL»
El consejero de Ordenación del Territorio, Política Territorial, Ordenación Turística, Actividades Clasificadas y Cultura del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, felicitó al consejero porque la nueva norma ha evitado que decayera la tramitación del planeamiento de Arrecife. Asimismo, lamentó que la isla siga sin plan insular tras haber sido «tumbado» en el pasado mandato, por lo que mostró su «nostalgia frustración» ante las dificultades para gestionar una isla sin herramientas de planificación.
«Por eso entiendo la necesidad, entiendo lo crucial, entiendo lo necesario y fundamental que es ampliar este documento ambiental», agregó, remarcando que en las administraciones públicas los plazos son «muy difíciles de cumplir».
Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, destacó que aunque la Ley del Suelo tiene aspectos a «corregir», este decreto va en la línea de la «eficacia y eficiencia», pues hay procesos «muy densos» que requieren de muchos informes sectoriales y que «se suelen retrasar muchísimo en el tiempo», lo que afecta a las decisiones ambientales. «Es un acierto absoluto el poder prorrogar este tipo de situaciones», subrayó.
El consejero de Presidencia, Administración, Servicio Público, Planificación Territorial y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, valoró que haya habido un proceso de consulta previa con los cabildos y defendió la Ley del Suelo de 2017, que fue un «gran avance», dado que el llamado texto refundido de comienzos de siglo se reveló como «insuficiente». Así, apuntó que la reforma de la ley «requiere sin duda de un proceso bastante más largo», por lo que este decreto es necesario para poder prorrogar proyectos ambientales estratégicos ante una situación sobrevenida. «Garantiza que todo ese trabajo realizado durante años no quede en nada», concluyó.
