TOLEDO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, ha presentado este martes ante las Cortes regionales el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta correspondiente al año 2022. En este informe, se destaca como «debilidad» del sistema de la Administración autonómica que el control contable «existe, pero no alcanza el nivel deseable», con un margen de mejora «amplio». Sin embargo, Andújar ha puesto en valor que dicho control sigue «una estrategia de contención y reestructuración eficaz».
Así lo ha manifestado Andújar durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos del Parlamento autonómico, sesión que ha comenzado con un minuto de silencio en honor a los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).
Andújar ha resaltado que las obligaciones reconocidas netas fueron de 12.331,51 millones de euros, con un grado de ejecución del 90% sobre los 13.749,54 millones previstos. Las de gastos fueron de 11.819,78 millones, lo que representa un 86% de ejecución sobre la previsión de 13.749,58 millones de euros.
En cuanto a las «debilidades» detectadas en 2022, Andújar ha señalado que la Administración autonómica «no dispone de un documento de riesgos que identifique amenazas y controles» y que tampoco existe una conexión automatizada entre los sistemas de información tributaria Greco y Tarea. Además, ha incidido en que «no se han implementado auditorías formales» sobre algunas aplicaciones digitales, poniendo como ejemplo el punto general de entrada de facturas electrónicas. También ha destacado la falta de auditorías informáticas.
Por otro lado, Andújar ha señalado fortalezas, como que la mayoría de los pagos a proveedores se realiza por debajo de los 30 días legales, mejorando de los 21 días del ejercicio de 2021 a 19,54 días en 2022. Asimismo, ha considerdo que los datos de ejecución tanto de ingresos como de gastos evidencian que «a pesar de las deficiencias técnicas, la maquinaria presupuestaria sigue funcionando».
Casi una treintena de recomendaciones
Una vez realizado este diagnóstico, Fernando Andújar ha expuesto las 28 recomendaciones que el Tribunal de Cuentas de Castilla-La Mancha realiza a la Administración autonómica para su mejora. Se aconseja, entre otras cosas, desarrollar un sistema de seguimiento que controle la efectiva puesta en marcha de las entidades creadas «con el objeto de agilizar el inicio de sus actuaciones» y, en caso de retraso significativo, evaluar si continúan persistiendo las razones que justifican su creación.
Andújar también ha recomendado que se efectúen las modificaciones normativas necesarias para adelantar el plazo de rendición de la Cuenta General al 30 de junio del año siguiente al que se refiera, con el objetivo de agilizar esta rendición de cuentas, ya que el plazo actual culmina a finales de octubre.
El presidente de la Cámara de Cuentas ha solicitado a la Intervención de la Administración regional que publique toda la normativa, instrucciones y circulares aplicables en su página web, lo que «facilita a los propios funcionarios, a los ciudadanos y a nosotros como Cámara que haya un control de lo que está vigente». Igualmente, ha pedido reducir los plazos de ejecución del control financiero permanente.
Por otro lado, ha propuesto que se certifique la aplicación del punto general de entrada de facturas y que se desarrollen procedimientos para asegurar la supervisión continua y eficacia de las entidades dependientes de la Administración castellanomanchega.
Andújar también ha recomendado a la Consejería de Hacienda realizar una distribución de los beneficios fiscales por políticas, fijando objetivos y un sistema de seguimiento, así como informar sobre los beneficios fiscales en la memoria, dado que al establecer un objetivo fiscal «estamos detrayendo potencialmente ingresos al erario público». A su vez, ha propuesto implantar un sistema contable que permita la determinación del grado de ejecución y financiación de todos los gastos.
Finalmente, ha planteado un último bloque de recomendaciones que incluye llevar un control más exhaustivo de la Tesorería, depurar deudores presupuestarios con mayor antigüedad, elaborar la Cuenta General de manera «lo más ajustada posible», regular el contenido y estructura del informe de impacto de género que acompaña la Ley de Presupuestos, y exigir que todos los organismos autónomos y entidades de derecho público realicen informes de seguimiento.
Vox acusa al Gobierno de «opacidad»
Desde el lado de Vox, el diputado Francisco José Cobo ha criticado la «opacidad» a la hora de conocer aspectos como «los costes directos e indirectos de lo que supone la inmigración ilegal». También ha lamentado que el modelo de gestión del PSOE lleva a la región «a la situación actual, con una deuda imparable», señalando que la cuenta de 2022 contenía «beneficios fiscales opacos» ya que «no se desglosan los beneficios fiscales de las políticas públicas».
«Eso es grave, es un riesgo real, se renuncia a ingresos sin saber a quién benefician, sin medir su impacto y sin rendir cuentas. Eso no es política fiscal», ha enfatizado.
Una ejecución «manifiestamente mejorable»
Desde el punto de vista del PP, el parlamentario Santiago Serrano ha enfocado su crítica en la ejecución presupuestaria, considerando que el 86% de ejecución en el capítulo de gastos es «manifiestamente mejorable». «Lo que contrasta aquí es que tenemos una Comunidad Autónoma que no solo fríe a impuestos a los ciudadanos, sino que además es profundamente ineficaz desde el punto de vista tributario», ha expuesto.
Además, ha criticado la ejecución presupuestaria de gastos de las consejerías como Fomento, Economía, Empresas y Empleo o Desarrollo Sostenible, que «no alcanzan el 65%», razonando que estos datos ponen en duda «una de las máximas que repite el consejero, que son unos presupuestos profundamente inversores.»
El Gobierno va «en la dirección correcta»
Finalmente, la diputada del PSOE Silvia Fernández ha manifestado que este informe demuestra que el Gobierno regional va «en la dirección correcta», señalando que la decisión de dotarse de un órgano propio de fiscalización «ha sido plenamente acertada».
Fernández ha vislumbrado el informe como «una oportunidad para avanzar, corregir y consolidar una nueva etapa de mayor rigor, transparencia y mejora continua en la gestión». Además, ha recordado que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas requieren «modificaciones normativas y legislativas que no son inmediatas y se alargan en el tiempo», asegurando que no tiene dudas de que el Gobierno seguirá atendiendo dichas propuestas.
