Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Canarias ha valorado la reciente decisión del Tribunal Supremo (TS) de anular el registro único estatal de alquileres de corta duración, afirmando que esta resolución «confirma las advertencias que desde hace un año» se han hecho desde la comunidad autónoma sobre la «inseguridad jurídica y la invasión competencial» que generaba la norma impulsada por el Ministerio de Vivienda.
Desde el Gobierno de Canarias señalan que la sentencia refuerza uno de los principales argumentos expuestos por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, antes de la entrada en vigor de la normativa, que indica que el reglamento europeo «no obligaba a implantar un registro estatal único ni alteraba el reparto competencial existente entre el Estado y las comunidades autónomas».
En este contexto, subrayan que la «duplicidad administrativa» generada por el Ejecutivo central fue «una decisión política y no una exigencia» de Bruselas, según ha informado la Consejería regional de Turismo en una nota de prensa.
De León ya había expresado su «preocupación» en el Parlamento autonómico hace un año sobre el escenario de «auténtica incertidumbre» causado por la aplicación del Real Decreto de Ventanilla Única Digital para el registro y control de alojamientos turísticos de corta duración.
Desde Canarias se advertía también de la «falta de claridad» sobre los requisitos exigidos a los propietarios, así como de las «dudas» sobre qué tipos de alojamientos debían registrarse y la «ausencia» de información sobre la coordinación entre la ventanilla única estatal y los sistemas autonómicos existentes.
Los cabildos insulares y el sector turístico ya habían alertado del colapso administrativo derivado de la doble inscripción y de las «dificultades materiales» para cumplir con los plazos establecidos por el Gobierno central.
Canarias acoge la decisión del TS «con satisfacción»
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, ha indicado que la Consejería de Turismo y Empleo recibe la decisión del TS «con satisfacción pero no con alegría», ya que «triunfa» el Estado de Derecho y se argumentan puntos coincidentes con los defendidos por Canarias y anticipados por el propio Consejo de Estado.
No obstante, Rodríguez ha lamentado «el tiempo perdido» por la falta de diálogo del Gobierno de España con las comunidades autónomas y con el sector, así como el «enorme perjuicio y desasosiego» causado a miles de operadores, especialmente en municipios rurales o afectados por el reto demográfico.
Rodríguez recuerda que el Real Decreto «obligaba en muchos» casos a realizar inscripciones registrales con elevados costos económicos, excluyendo de la actividad turística a pequeños propietarios que no podían asumir dichos gastos. Desde el principio se advirtió sobre la «ilegalidad, injusticia y desproporcionalidad» de la medida.
Además, mostró su «preocupación» por las consecuencias para muchos propietarios a quienes se les revocaron números provisionales o fueron «señalados» públicamente como si desarrollaran una actividad ilegal, cuando «la ausencia de un número estatal de registro no convierte ni la actividad ni el inmueble en ilegal».
Rodríguez añadió que las normas deben elaborarse «desde el rigor jurídico, el respeto al reparto competencial y al ordenamiento europeo y nacional», lamentando que se optara por planteamientos «más ideológicos, economicistas y contrarios a los principios de simplificación» administrativa y reducción de cargas.
El Gobierno de Canarias subraya la necesidad de regular la actividad del alquiler vacacional y ha impulsado la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, participando activamente en todas las reuniones técnicas convocadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Desde la Consejería regional de Turismo, se insiste en que cualquier regulación debe ser «construida desde el diálogo, el consenso y el respeto» a las competencias autonómicas, especialmente en territorios como Canarias, donde el turismo es el principal motor económico y social.
Canarias había solicitado una prórroga para la entrada en vigor del Real Decreto y también presentó un recurso contra la norma, «por las dudas jurídicas y operativas que ahora se ven reforzadas» tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo.
Por ello, esperan que «impere la razón» y que el Gobierno de España ahora abra una etapa de «diálogo constructivo y rigor jurídico», evitando procesos normativos impulsados «desde la pura ideología o planteamientos electoralistas y propagandísticos».
