Las Palmas de Gran Canaria, 18 de septiembre (EUROPA PRESS) – El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que se prevé que el archipiélago cierre el año con la llegada de 20.000 inmigrantes. Por ello, ha solicitado al Gobierno de España asumir su responsabilidad en cuanto a los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo, para poder atender «con cierta dignidad» a los que están por alcanzar las costas de las islas.
Clavijo ha admitido que «es difícil» conocer el número exacto de migrantes que llegarán a Canarias en los próximos meses de 2025, ya que las ONGs «te van advirtiendo de cuáles son las cantidades aproximadas», sin embargo, «hay muchos que no llegan». En este sentido, durante un Foro de El Mundo, apuntó que aunque el Gobierno de España ha puesto el «acento sobre la bajada notable de llegada», es importante recordar que el año pasado arribaron 47.000 migrantes, lo que marcó un récord histórico.
Actualmente, ha indicado que han alcanzado las costas canarias unos 13.000 migrantes, pero el Gobierno canario estima que se puede cerrar el año con unas 20.000 personas, lo que implicaría que en los próximos dos meses y medio o tres meses, podrían llegar alrededor de 7.000 migrantes. Esto supone un gran desafío para los servicios públicos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como para los servicios públicos sociales, sanitarios y educativos.
El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, ha incidido en la necesidad de que se despliegue la agencia Frontex «de igual manera» que se hace en otras costas europeas, donde aseguró que «ejercen su función de control de fronteras». Domínguez argumentó que su defensa del despliegue del Frontex se basa en «salvar la costa canaria» y ofrecer «seguridad», que es «seguridad» para Canarias, España y la Unión Europea.
Necesidad de abordar la situación de los menores
Respecto a los menores solicitantes de asilo que aún se encuentran en Canarias, Clavijo consideró que el Gobierno de España «no ha tenido, en ningún momento, la voluntad de sacar» a los niños, tras ser cuestionado por unas declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres sobre si el Tribunal Supremo obliga a que estos menores salgan de las islas.
Para Clavijo, «es revelador» cómo el Gobierno de España ha utilizado el fenómeno migratorio para «generar crispación política». Afirmó que el auto del Supremo, que acepta las medidas cautelares positivas solicitadas por Canarias, establece que «es obligación de la Secretaría de Estado de Migraciones, porque la red de protección internacional es competencia exclusiva del Estado». Además, resaltó el «daño» que se ocasiona a los menores como resultado del hacinamiento.
Por su parte, Manuel Domínguez se refirió a la acogida de los menores extranjeros no acompañados, señalando que las comunidades autónomas donde gobierna el PP «han dicho que van a cumplir la ley», aunque han manifestado públicamente su desacuerdo con la normativa. Sin embargo, Domínguez expresó que el Gobierno de España «no tiene mucha voluntad de sacar» a los niños de Canarias y considera que «están esperando a que cumplan los 18 años. Una vez cumplidos, ya no habrá menores a los que atender».
Finalmente, el vicepresidente canario hizo hincapié en que la financiación para la derivación de los menores «es la piedra angular» de este tema para las comunidades autónomas. A pesar de que existe un decreto que obliga a acoger a los menores no acompañados, señaló que «no hay financiación que acompañe esa normativa». Canarias ha gastado 192 millones de euros en el año 2024 y sólo ha recibido 50 millones, iniciando ya el ejercicio 2025, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento de esa financiación por parte del Estado.
