La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha instado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a que se implique más para conseguir plazas para menores migrantes en las comunidades autónomas. Durante una conferencia de prensa, Delgado enfatizó que las resoluciones de traslado de los menores suelen llegar sin que la comunidad autónoma de destino disponga de la plaza necesaria.
Delgado destacó que el Ejecutivo canario «no puede ser la policía» de las comunidades autónomas y pidió que el Ministerio trabaje activamente con estas para asegurar que, antes de que los menores reciban una resolución de traslado, se confirme la disponibilidad de espacio en la comunidad de destino. Insistió en que sería «conveniente» que el Ministerio de Política Territorial facilitara el diálogo con las comunidades receptoras para garantizar la apertura de plazas en la Península y aportara la financiación necesaria para su mantenimiento.
La consejera también solicitó al ministro que mantenga una «lealtad institucional» acorde con la que ha mostrado el Gobierno de Canarias, y no atribuya a las Islas «errores o fallos que no ha cometido». En referencia a la situación actual, mencionó que «si nos ponemos puristas, habría 521 menores que tendrían que haber salido ya de las islas» pero que no lo han hecho debido a la falta de celeridad por parte de las delegaciones del Gobierno en la resolución de los expedientes de traslado.
La directora general de Infancia y Familias, Sandra Rodríguez, explicó que el sistema es «muy garantista» respecto al derecho superior del menor. Sin embargo, advirtió que estas garantias están prolongando los procedimientos, aunque Canarias cumple con los cinco días de plazo que tiene para enviar a los menores a la Península. Rodríguez subrayó que «estos menores son personas con sus circunstancias concretas, y no folios o expedientes que se puedan resolver a golpe de clic».
En la actualidad, Canarias tiene la tutela de 4.389 menores migrantes no acompañados. A fecha del 13 de enero de 2026, todavía permanecen en el archipiélago 3.979 de ellos. Aunque 410 han sido trasladados a la Península con estatus de protección internacional. Según datos del Gobierno canario, 410 menores han salido por protección internacional, 106 han sido reubicados por la vía exprés, y solo 92 salidas han sido contabilizadas a través de la disposición adicional primera, lo que arroja un total de 608.
A pesar de que la reducción de menores en las Islas es notable, continúa siendo preocupante la «sobreocupación» de recursos, fenómeno que se ha aliviado, en parte, debido a que el ritmo de llegadas no es comparable al de años anteriores y porque el 80% de los nuevos llegados son adolescentes que han alcanzado la mayoría de edad, según el Ejecutivo. Rodríguez indicó que, de los 560 expedientes enviados a la Subdelegación del Gobierno por parte de Canarias, se han producido 269 resoluciones definitivas.
Casi 300 expedientes sin resolver
La directora general expresó que «nos gustaría saber por qué necesitan más, si aún casi 300 expedientes siguen sin resolver», mientras continúan enviando expedientes a diario. También recordó que 99 menores han renunciado a su derecho de protección internacional porque se niegan a ser trasladados temporalmente a dispositivos habilitados en Gran Canaria, como el Canarias 50, que aún los aloja en condiciones de barracones.
A día de hoy, aún hay 85 menores en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar, y 54 en el Colegio León, mientras que 96 menores del listado inicial de migraciones han recibido una resolución desfavorable en su petición de asilo. La situación se ve agravada por el hecho de que los traslados se realizan a un ritmo lento, ya que las comunidades autónomas no cuentan con plazas disponibles. Sin una emergencia migratoria nacional establecida por el Estado, las comunidades deben abrir plazas siguiendo el derecho administrativo común, lo que complica la reubicación de los menores.
Además, Rodríguez mencionó que el Estado tampoco ha establecido la financiación necesaria para esos espacios. En este contexto, «Política Territorial no está llevando a cabo una negociación efectiva con las comunidades autónomas para solventar estos obstáculos», lo que impide que Canarias pueda enviar a los menores a plazas que no existen, resaltando que «hablamos de menores de edad, no de fardos».
