MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) – Carlos Fernández, quien fuera concejal del partido de Jesús Gil en Marbella (Málaga) y que había estado fugado desde el inicio del ‘caso Malaya’ hace casi 20 años, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en el que aceptará ser condenado a una multa de 4.000 euros e indemnizar al Ayuntamiento marbellí con 250.000 euros por su implicación en el ‘caso Saqueo II’.
Este pacto se formalizó durante la vista celebrada el miércoles en la Audiencia Nacional (AN), después de que el tribunal decidiera dejar a Fernández en libertad provisional tras su detención, considerando su disposición a llegar a un acuerdo de conformidad.
Fernández, quien había estado fugado en Argentina, fue arrestado el 29 de octubre cuando fue detectado en un control policial en el aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez, tras llegar en un vuelo desde dicho país sudamericano, con la intención de presentarse ante las autoridades judiciales españolas.
Según un auto de la AN al que tuvo acceso, la representación legal del exedil presentó un escrito informando sobre su vuelo de regreso a Madrid.
La Audiencia Nacional realizó, tras su detención, una comparecencia en la que tanto la Fiscalía como la defensa solicitaron la libertad provisional de Fernández, argumentando que se había puesto a disposición de la justicia y que se había fijado el juicio para ese mismo miércoles.
En 2006, durante la segunda fase de la operación ‘Malaya’, la Policía Nacional registró la vivienda de Fernández. Al día siguiente, su abogado presentó un escrito al juzgado en el que el exedil se ofrecía a colaborar con la justicia, afirmando que estaba realizando el Camino de Santiago, aunque su paradero permaneció desconocido hasta 2017.
Ese año, en septiembre, el exedil, quien había militado en el Partido Andalucista en Marbella, fue detenido en Argentina tras entregarse a las autoridades, después de realizar gestiones en España sobre la prescripción de los delitos que se le imputaban en varias causas, incluyendo ‘Malaya’ y ‘Saqueo II’, de los cuales se ocupa la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.
Hasta seis solicitudes de extradición
El Gobierno español acordó, en noviembre de 2017, remitir a las autoridades argentinas un total de seis expedientes de solicitud de extradición de Fernández por la presunta comisión de diversos delitos en España durante su gestión como concejal del Ayuntamiento de Marbella.
La primera de estas solicitudes se fundamentó en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN y hacía referencia a la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil en el ‘caso Saqueo II’. Estos hechos se relacionaban con su actividad como concejal durante las legislaturas de 1991, 1995 y 1999, cuando el Grupo Independiente Liberal (GIL) ostentó la mayoría absoluta.
Las otras cinco ampliaciones de la solicitud de extradición correspondían a tres juzgados de instrucción distintos de Marbella y abarcaban delitos contra la ordenación del territorio, cohecho en el ‘caso Malaya’, prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial.
Un juzgado argentino aceptó extraditar a España al exedil por una de las seis causas solicitadas, específicamente por el ‘caso Saqueo II’, de cuya competencia se encarga la Audiencia Nacional. Sin embargo, en diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina denegó dicha extradición a través de un recurso presentado.
