SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 de marzo. (EUROPA PRESS) – La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha calificado el decreto del Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra como «absolutamente insuficiente» para la realidad de las islas y ha condicionado el apoyo de los nacionalistas canarios a que se garantice una compensación financiera para Canarias.
Impacto del decreto en la economía canaria
Valido expone que, aunque se recogen algunas de las medidas propuestas por Coalición Canaria, como las ayudas directas al transporte marítimo e interinsular o al sector primario para la compra de fertilizantes, su impacto en una economía como la del archipiélago, «especialmente vulnerable en este contexto bélico, es insuficiente».
Crítica a la falta de consideración de la singularidad fiscal canaria
Desde Coalición Canaria se considera que el decreto propuesto por el Gobierno de España está concebido para la realidad peninsular y olvida, de nuevo, la singularidad fiscal canaria. Las medidas más significativas están relacionadas con la reducción del IVA, que no son aplicables en Canarias, según recoge una nota de la formación nacionalista.
Valido ha reprochado que los canarios deban «soportar las medidas que requiere la situación con cargo a su presupuesto, mientras que el Estado asume su coste para el territorio continental». Además, ha señalado que el IGIC «sostiene los servicios básicos de los canarios y no puede verse mermado por la necesidad de financiar medidas que el Estado asume para la ciudadanía peninsular».
Condiciones para el apoyo al decreto
Por ello, desde Coalición Canaria se advierte que su voto en la tramitación del decreto en el Pleno del próximo jueves dependerá de que exista una garantía de compensación financiera suficiente por parte del Ejecutivo central para el Gobierno de Canarias, lo que permitirá implementar todas las medidas que no pueden aplicarse en el archipiélago en esta compleja coyuntura socioeconómica global.
Valido espera que el Gobierno de Canarias obtenga la respuesta «que por derecho corresponde» a las islas y que el Gobierno de España «no continúe ignorando» su singularidad y las obligaciones que tiene con la única región ultraperiférica del Estado.
