
MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) – El sector pesquero español ha expresado su «profunda preocupación» a la secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel Artime, en relación a las obligaciones establecidas en el nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca que entrará en vigor el próximo 10 de enero. Según la Confederación Española de Pesca (Cepesca), estas medidas resultan de «difícil o imposible» cumplimiento para una parte significativa de la flota que opera en caladeros nacionales, europeos e internacionales.
Reclamaciones del sector pesquero
La flota nacional ha solicitado, en escritos dirigidos al departamento que dirige Luis Planas, que no se elimine el umbral mínimo de 50 kilos para la declaración de capturas en el Diario de Pesca Electrónico (DPE) y que no se fije un límite horario para la notificación previa de entrada a puerto.
Los pescadores argumentan que ambas medidas «vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y control» basados en el riesgo que están contemplados en la normativa comunitaria. La eliminación del umbral mínimo de 50 kilos para declarar capturas se considera una obligación «técnicamente inviable» para muchas embarcaciones.
Limitaciones técnicas de la flota
Cepesca ha señalado que la flota carece de sistemas de pesaje a bordo y no dispone de medios para identificar y cuantificar con precisión las capturas de pequeño volumen por especie durante la faena. En la práctica, estas cantidades no se pueden estimar con fiabilidad en el mar y solo se determinan tras el pesaje oficial en puerto.
De este modo, el sector considera que obligar a declarar las capturas desde el primer kilogramo convertirá el DPE en un ejercicio de aproximación sin base técnica, lo que contradice la lógica del Reglamento de Control, que reconoce que los datos consignados a bordo son estimaciones sujetas a márgenes de tolerancia.
Impacto de la nueva normativa
Asimismo, los pescadores advierten que la obligación de declarar capturas desde el primer kilogramo multiplicará de forma exponencial el número de registros obligatorios por marea, aumentando el riesgo de discrepancias entre las estimaciones a bordo y los datos definitivos en puerto. Este efecto, según los pescadores, conllevará un impacto sancionador «desproporcionado», especialmente en relación con especies accesorias de bajo valor comercial que no son relevantes para la gestión de los stocks.
La flota española ha enfatizado que esta tendencia hacia sanciones desviará el control pesquero hacia incumplimientos meramente formales, sin aportar mejoras reales en conservación, trazabilidad o en la lucha contra la pesca ilegal.
Rechazo al límite horario para entrada a puerto
En una segunda carta a Isabel Artime, Cepesca también ha manifestado su rechazo al establecimiento de un plazo fijo para la notificación previa de entrada a puerto. Aunque el Reglamento europeo establece una anticipación mínima de cuatro horas, la norma permite que los Estados miembros adapten este plazo a la realidad de ciertas flotas, considerando la distancia al puerto y el tipo de actividad.
El sector ha subrayado que forzar a los patrones a completar y enviar notificaciones electrónicas durante las maniobras finales de navegación y entrada a puerto elevan significativamente los riesgos para la seguridad marítima, especialmente en puertos congestionados o en condiciones climáticas adversas.
En este contexto, la flota española pide al Ministerio que mantenga un umbral mínimo operativo de declaración de capturas, al menos para determinadas flotas, modalidades o especies accesorias, o que establezca un régimen simplificado para capturas de bajo volumen. También solicitan que no se imponga un límite horario fijo para la notificación previa de entrada a puerto, siendo suficiente la comunicación antes de la llegada, en coherencia con el artículo 17.1 bis del Reglamento de Control.
