La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de «cortina de humo» la reciente aprobación, por Real Decreto, de la regulación extraordinaria de alrededor de 500.000 inmigrantes. Según Chueca, esta medida se presenta en un momento crítico para España, que «hace aguas» ante la falta y el déficit en la gestión de servicios públicos fundamentales, como el transporte ferroviario. Esta situación es particularmente alarmante tras un trágico accidente en Adamuz (Córdoba), donde perdieron la vida 45 personas, además de algunos problemas en el servicio de Rodalías, que actualmente se encuentra «paralizado en Cataluña».
La alcaldesa también ha expresado su preocupación por la velocidad de los trenes en el tramo de alta velocidad entre Zaragoza y Madrid, donde circulan a solamente 80 kilómetros por hora en un tramo específico en Tarragona, pese a que el ministro de Fomento, Óscar Puente, había prometido que se alcanzarían 350 kilómetros por hora hace tres meses.
«Cuando se observa que los servicios públicos en nuestro país no funcionan adecuadamente, han decidido cambiar el tema de conversación y lo que hace unos meses estaba paralizado, de repente, se discute de otra cuestión», añadió Chueca.
En declaraciones a la prensa, Chueca enfatizó que esta es una «cortina de humo» del Gobierno español, que, según su opinión, es experto en «sacar un conejo de la chistera» cuando desea cambiar el foco de conversación entre los ciudadanos.
La alcaldesa propuso que el tema de la inmigración debería someterse a un debate en el Congreso de los Diputados para alcanzar un consenso, como lo exigen algunas asociaciones vinculadas a la iglesia. «Si se tiene que hacer, que se haga de forma que integre a todas esas personas que han venido a trabajar a España», expresó.
El colapso de los servicios sociales
Chueca alertó que el Real Decreto podría generar un «efecto llamada» que incentivara a más inmigrantes de todo el mundo a considerarlo como una puerta de entrada rápida, lo que podría desembocar en un colapso de los servicios públicos y sociales. «Desde el Ayuntamiento de Zaragoza ya estamos desbordados desde hace tiempo», explicó.
La continua llegada de «inmigrantes ilegales» y la falta de datos ofrecidos por el Gobierno de España representan, a su juicio, serios problemas de integración. Los ayuntamientos, «independientemente de su color político», cuentan con servicios sociales diseñados para atender a la población vulnerable de las ciudades, no necesariamente para gestionar la llegada masiva de miles de personas ajenas a las fronteras españolas sin una regulación adecuada.
«Antes de tomar una decisión de este calibre, hay que trabajar en buscar una integración ‘óptima y adecuada'», indicó Chueca, quien subrayó que España «necesita» mano de obra e inmigración, pero de forma «ordenada», con el objetivo de contribuir positivamente al país.
«Lo que no puede ser es generar un caos mayor del que ya existe, donde los servicios públicos están deteriorados. Si no, que le pregunten a quienes utilizan los trenes en Cataluña o la alta velocidad en España», añadió contundente.
Estas declaraciones se produjeron antes de la celebración del nombramiento de Zaragoza como Capital Europea de la Accesibilidad 2026, un galardón reconocido por la Comisión Europea que posiciona a la ciudad como un referente a nivel internacional en accesibilidad universal e inclusión de personas con discapacidad.
